El lunes. El próximo día 9 de agosto. La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, no ha tenido más remedio que reconocer la realidad en la que ha sumido la ciudad por su incapacidad para gestionar y se retratará en el pleno extraordinario que tendrá lugar esa misma jornada.

¿El motivo? Saldar la deuda de 5,7 millones de euros que tiene contraída con las empresas y las familias de la capital de la Plana, que llevan meses sin cobrar pese a estar trabajando para el propio equipo de gobierno.

Nunca en la historia de esta ciudad se había producido una situación de este calibre. Nunca un equipo de gobierno había tenido que saltarse su propio calendario de sesiones para convocar a toda una corporación a debatir ninguna cuestión. Tal es la gravedad del asunto que hasta los 15 concejales han tenido que interrumpir sus plácidas vacaciones para liquidar las facturas que llevaban en el cajón desde hace ocho meses.

No es casual. Hace mucho tiempo que desde el Partido Popular venimos denunciando esta situación. Pero el gobierno del PSOE, Compromís y Podemos ha preferido aplicar el rodillo y la ley del silencio antes de tomar nota y buscar soluciones.

Si hemos llegado a esta situación es consecuencia de que Castellón tiene ahora mismo el peor gobierno posible en el peor momento, sin embargo es el gobierno que más caro cuesta a todos los castellonenses con la subida que se aplicaron de un 50%.

Solo así se entiende que haya contratos caducados nada menos que desde el año 2016. Solo de esta manera se entiende que se hayan pagado 50 millones de euros en facturas por procedimientos irregulares para abonar servicios ordinarios.

Siempre tarde y mal. Lo dicho: el peor gobierno municipal y además en el peor momento posible.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón