La crisis económica de 2008 provocó un alud de ejecuciones hipotecarias, más de 5.000 en la provincia de Castelló. Esta problemática se ha trasladado ahora al alquiler. Los desahucios en alquileres copan el 70% del total, y no es solo cuestión de problemas económicos de los inquilinos, sino de la especulación inmobiliaria por parte de fondos de inversión y entidades financieras, que disparan los precios e impiden que muchas familias puedan hacer frente al coste.
La moratoria aprobada por el Gobierno de coalición y el protocolo antidesahucios del Ayuntamiento de Castelló han permitido frenar este año la mitad de las 130 notificaciones en la ciudad, referentes a hogares en situación de vulnerabilidad. La sensibilidad de los ejecutivos de izquierdas ha amortiguado el golpe de la pandemia y la burbuja en el precio del alquiler. Pero esta cobertura es provisional y por ello desde Unidas Podemos defendemos en el Gobierno central la regulación del precio del alquiler en barrios tensionados en la nueva Ley Estatal de Vivienda que ahora se tramita. De esta forma se evitará los abusos de fondos buitre y evitar la expulsión de las clases populares de sus barrios.
Desde el Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat, al mismo tiempo, trabajamos en ampliar el parque público de vivienda para arrendamientos sociales como forma de garantizar el acceso a la vivienda e intervenir en el precio del alquiler. El objetivo es aumentar este año un 10% la cifra de alquileres asequibles.
También hemos aprobado un recargo del 50% del IBI en viviendas vacías de grandes propietarios que lleven al menos un año deshabitadas. Muchos de los pisos sin ocupar pertenecen a entidades financieras y fondos de inversión que los utilizan para forzar aumentos del precio del alquiler. Prefieren mantenerlos vacíos que ofrecerlos a un coste digno.
Ahora saben que desde el Ayuntamiento penalizaremos estas prácticas abusivas y que en el Ejecutivo central Unidas Podemos presiona para regular el precio y acabar con la especulación en zonas con precios tensionados.
No todas las políticas son iguales. En 2008 los gobiernos de la derecha dejaron en la estacada a miles de familias y no hicieron nada para frenar los desahucios. Ahora, los ejecutivos de izquierdas luchan por garantizar un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda. No pararemos hasta conseguirlo.
Concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Castelló
