Llevamos meses viviendo protestas de todo tipo del sector agrario, o más bien del mundo rural en su conjunto, frente a la política del gobierno de socialistas, comunistas y extremistas de varias marcas (que solo tienen en común entre sí el ansia por acabar con la España constitucional que nos hemos dado).
A todos esos partidos les une (bajo el paraguas socialista, no hay que olvidarlo) una concepción del medio rural gestada desde la gran ciudad, desde quien va al campo solo de visita y lo vive solo como un paisaje, nunca como un medio donde vivir. Tal vez por eso no les importa cercenar de plano toda la vida económica del mundo rural.
Lo hacen cuando critican y pretenden limitar las explotaciones ganaderas grandes o intensivas. O cuando priman a los animales depredadores frente a los ganados productivos. Lo hacen cuando impiden la utilización de fitosanitarios aptos para la lucha contra plagas como las del cotonet mientras otros países sí lo han hecho. O cuando son incapaces de proteger nuestros cítricos frente a la competencia desleal que llevan a cabo países extracomunitarios.
Y así miles de ejemplos más que ocuparían páginas y páginas de este periódico. Y todo, como digo, por ese ecologismo de salón que desde el asfalto quiere diseñar cómo debe ser la vida de quien vive (y mantiene) el medio rural para que cuando llegue el verano o el fin de semana, todo esté tal como espera el ecologista de salón. Tal cual.
La última viene en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que, entre otras cosas, contiene una prohibición genérica de quemar restos de poda agrícola. Lo que conocemos como cremar llenya.
En una funesta competición de a ver quién perjudica más a los agricultores entre los gobiernos central y autonómico, resulta que una ley que tiene algunas cosas buenas acaba imponiendo a la fuerza y sin pensar en las consecuencias, una obligación que determina que nadie sabe qué debe hacer ahora con los restos de poda ni en qué circunstancias se puede quemar. En definitiva, una chapuza más ideada desde la moqueta madrileña, y consentida por la Generalitat, de quienes olvidan que en el campo no hay moquetas, que lo que ocupa el suelo se ha de cuidar. Y son precisamente los que lo hacen los que están indignados. Y con razón.
*Senador. Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado
