El sindicato CCOO PV ha sido siempre punta de lanza en la defensa de los derechos de las personas migrantes, reconociendo la cuestión migratoria como hecho social imparable e imprescindible. La trayectoria de trabajo sindical en este ámbito es un aval en la lucha contra la discriminación, por la garantía de la igualdad de derechos y la cohesión social.
Desde esa convicción, el sindicato se ha pronunciado críticamente ante la reciente aprobación por el Consejo de Ministros del RD por el cual se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una reforma que veníamos reclamando y que era necesaria, pero que ha resultado no solo insuficiente sino, desde nuestro punto de vista, mal enfocada.
Una reforma que pretende dar respuesta a una supuesta escasez de mano de obra y a la demanda por parte de lobbies explotadores de incorporación urgente de personas extranjeras. Desde una visión utilitarista y clasista, el RD viene a considerar a las personas migrantes el mal menor necesario para hacerse cargo de sectores precarizados que basan su competitividad en bajos salarios y condiciones laborales indignas.
Una reforma que no ha tenido en cuenta a los sindicatos de clase y, lo que resulta más preocupante, ha despreciado el papel fundamental del diálogo social en la implicación democrática de los principales actores del mundo del trabajo.
Una reforma cuyas medidas ponen en cuestión la eficacia del mecanismo de determinación de la situación nacional del empleo a través del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.
Una reforma que introduce una figura, el arraigo formativo, con demasiados interrogantes sobre el modo en que la persona extranjera podrá tener documentación en España si accede a ser formada en ámbitos que hipotéticamente sean requeridos conforme a supuestas necesidades empresariales.
Una reforma que no tiene en cuenta la perspectiva esencial del impacto de estas medidas en el desarrollo humano de los países de origen, en especial al destruir la figura del estatuto de persona estudiante extranjera.
Aun así, CCOO valora algunos aspectos, como por ejemplo que la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo tenga ahora una vigencia de cuatro años, eliminando carga burocrática y otorgando más estabilidad a las autorizaciones.
Otros elementos positivos son la ampliación de las personas beneficiarias en cuanto al arraigo familiar o que quienes puedan demostrar seis meses de relación laboral sin documentación puedan obtener autorización de residencia y trabajo.
Sin restar importancia a estos elementos positivos, consideramos que es una reforma precipitada e insuficiente que afecta casi exclusivamente al ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero que no tiene en cuenta otros ámbitos relacionados con la gestión de las migraciones en nuestro país.
Ejemplos: las pésimas condiciones del personal de los consulados de quienes depende la tramitación y expedición de los visados; las muy colapsadas, obsoletas y mal dotadas Oficinas de Extranjería, donde se tramitan las autorizaciones de residencia. Ninguna de las cuestiones fundamentales que competen al Ministerio del Interior sufre modificación alguna, ya no solo la fiscalización de los expedientes y expedición de las tarjetas que documentan a las personas, sino los cuestionados e inhumanos internamientos en los CIE, las expulsiones, rechazos, devoluciones, y un largo etcétera.
En definitiva, una reforma que desaprovecha otra oportunidad de construir un modelo dialogado, integral, más centrado en los derechos y la dignidad de las personas y no en supuestos déficits de mano de obra que lo que realmente esconden son pésimas condiciones laborales y salariales.
*Secretaria de Movimientos Sociales, Cooperación y Migraciones CCOO PV
