El transporte, tanto de carga como de pasajeros, constituye un sector estratégico para la economía. Así lo reflejan los datos: supone más del 9% del valor añadido bruto de la Unión Europea, representa alrededor de 664 millones de euros y da empleo a unos 11 millones de personas. En permanente evolución se enfrenta a constantes retos derivados de la cambiante realidad. Piénsese en la evolución tecnológica y la aparición de los vehículos tripulados por control remoto, los conocidos drones en el sector aéreo, también presentes en el ámbito marítimo y terrestre; o en la digitalización del sector, sin olvidar la necesidad de que estos avances tecnológicos sean sostenibles y protejan el medio ambiente. Pero también en la globalización y la liberalización del sector, de cuyas consecuencias beneficiosas nadie dudada, pero que actualmente están en entredicho. En efecto, la pandemia del covid-19 ha afectado de forma muy negativa al transporte. Las restricciones de movilidad de los ciudadanos o el incremento del precio del transporte marítimo de contenedores desde Asia, sin olvidar la guerra de Ucrania y el consiguiente aumento del precio de los combustibles han puesto en serio peligro a muchos operadores.
Ante estos cambios y problemas que van surgiendo en la realidad, sean o no coyunturales, resulta necesario que el Derecho ofrezca la solución más eficiente, es decir, adecuada a los intereses de los distintos sujetos afectados, no siempre coincidentes; y rápida. Por ello, en los últimos años hemos asistido y estamos asistiendo a importantes y constantes modificaciones legislativas en el sector en todos sus modos (terrestre, marítimo y aéreo), modificaciones que en muchas ocasiones plantean serias dudas de interpretación o la solución que proporcionan no resulta del agrado de todos los implicados. La discutida regulación del mal llamado transporte colaborativo y sus próximas consecuencias, al vencer dentro de poco el plazo de cuatro años del Real Decreto Ley 13/2018 (Decreto Ábalos); las recientes modificaciones en materia de Ordenación de los Transportes Terrestres o de la Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías, para tratar de garantizar que el precio del transporte sea superior a los costes y gastos en que incurren los transportistas; de la Ley de navegación aérea, de la ley de seguridad aérea o la reforma en curso del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley de Navegación Marítima, son ejemplo de ello. Pero no puede obviarse la reciente liberalización del sector ferroviario y sus consecuencias o las discutidas ayudas de Estado que se han venido otorgando a los operadores para paliar los efectos de la crisis derivada del covid-19 y de la guerra en Europa. Tampoco los muchos interrogantes que plantean los vehículos no tripulados, pues cuentan con una insuficiente regulación, por lo que la aplicación de los vigentes textos legales redactados cuando el uso de tales vehículos era una posibilidad muy remota, resulta cuanto menos de difícil encaje.
Estas y otras materias van a ser abordadas en el Congreso Internacional de Transporte, que ya en su octava edición, se celebra los próximos días 28 a 30 de septiembre en el Palasiet Thalasso Clinic&Hotel de Benicàssim.
Divulgación científica y de formación
Organizado por el Instituto de Derecho del Transporte de la Universitat Jaume I y dirigido por los profesores Petit Lavall y Puetz, constituye una de las diferentes actividades de divulgación científica y de formación en materia de Derecho del transporte y de la navegación, que se vienen celebrando periódicamente, siendo ya este evento un referente en Europa. En él van a reunirse en torno a diversas mesas redondas de exposición y debate los mayores especialistas en la materia, académicos españoles y extranjeros, abogados, miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio de Transportes. El congreso cuenta con el patrocinio de la Fundación PortCastelló y del Propeller Club Castellón; también del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, y de la Universitat Jaume I, a través de los proyectos de investigación que actualmente está desarrollando el Instituto, así como con el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y el Departamento de Derecho privado de la UJI, sin cuya inestimable colaboración sería imposible su celebración.
Catedrática de Derecho mercantil. Directora del Instituto de Derecho del Transporte (Universitat Jaume I)
