Allanar una propiedad privada es delito. Nuestro ordenamiento jurídico recoge este principio, aunque se esté lesionando a diario en el contexto del crecimiento exponencial que se está dando en Castellón, donde las ocupaciones ilegales de viviendas ya son un problema.
Y es que el derecho a una vivienda no es óbice para que se haga a costa del resto de los ciudadanos, que ven con cada una de estas acciones vulnerados sus derechos. No hay día que no conozcamos nuevos casos: esta misma semana en el Grao. Y el del PAI Lledó ha sido noticia nacional. Los datos facilitados así lo acreditan: de enero a julio se produjeron 182 denuncias, casi tantas como todas las registradas en el 2021 completo, cuando fueron 284.
Sí, Castellón tiene un problema con la ocupación ilegal de viviendas en muchos barrios. El fenómeno no solo afecta a los impotentes propietarios, sino también a los vecinos, que padecen problemas de inseguridad, molestias por ruidos y olores, venta de drogas… incluso víctimas mortales, porque ya son dos los fallecidos en viviendas ocupadas en unas extrañas circunstancias.
Vigilancia policial
El Partido Popular hemos pedido crear en una Oficina Antiokupas, al estilo de la de Madrid, para asesorar y acompañar a los propietarios afectados en los trámites. También un plan antiokupación, que pasa por incrementar la vigilancia policial. Pero el gobierno de Amparo Marco lo ha votado en contra. Y hemos pedido que se modifique el Código Penal, para endurecer las penas y que la ley no ampare a los que incumplen. Hay soluciones locales, como no empadronar a los okupas. Todo, menos mirar hacia otro lado, porque los problemas no se resuelven solos.
Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón