La Conselleria de Sanidad que dirige Vicente Rambla elaborará una norma legal que permita regular la dispensación de medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil secundaria, que es la causada por determinadas enfermedades y accidentes, a determinados colectivos, los cuales definirá un comité asesor que se creará con ese fin.

Así lo aprobó ayer por unanimidad la comisión de Economía de las Corts durante el debate de las 650 enmiendas parciales presentadas a los presupuestos de la Conselleria de Sanidad para el 2005, de las que se aprobaron 18 de la oposición --que no implican movimiento de dinero-- y las siete presentadas por el PP.

Las enmiendas aprobadas a la oposición implican que la Conselleria hará un estudio para detectar desigualdades en salud por razón de género y condiciones socioeconómicas, desarrollará el reglamento de inspección de servicios sanitarios, e implantará un protocolo de pre-alta hospitalaria para pacientes crónicos que precisen atención sociosanitaria.

Entre las enmiendas rechazadas, figuran las referidas a la legionella, en las que proponían consignar dinero para indemnizaciones, reformar la composición del comité de expertos, modificar el decreto en esta materia u organizar un encuentro de expertos. El diputado del PP Antonio Clemente defendió que hasta el pasado 31 de octubre se han registrado 154 casos de legionella en la Comunidad Valenciana, un 20% menos que en el 2003, gracias a las actuaciones del Consell, y se han efectuado 285.602 inspecciones de instalaciones, mientras que la tasa por cada 100.000 habitantes en similar al País Vasco o La Rioja, y la mitad que en Navarra.

Otras enmiendas de la oposición rechazadas pedían que se garantizara a todas las mujeres el acceso a la anestesia epidural en el momento del parto, ya que según la diputada socialista Carmen Ninet el PP es partidario "del parto con dolor" y "se nota que el conseller de Sanidad no tiene que parir".

El PP tampoco admitió las enmiendas referidas a garantizar la dispensación del método anticonceptivo conocido como píldora del día después, lo que a juicio de la oposición supone una "discriminación" respecto a otras comunidades autónomas, así como la libre elección de médico para la interrupción voluntaria del embarazo.