La ley integral contra la violencia de género recibió ayer el respaldo definitivo del pleno del Congreso y volvió a concitar la unanimidad de todos los grupos parlamentarios con la esperanza de que contribuya a la erradicación de los malos tratos y de la desigualdad que los origina.
Después de que el pleno recibiera con aplausos los 325 votos a favor de la ley, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confió en que la norma, la primera remitida por su Ejecutivo a las Cortes, sea "un poderoso instrumento para que la dominación que sufren tantas mujeres se erradique de forma definitiva".
La ley aúna medidas preventivas y educativas con iniciativas de protección y asistencia a las víctimas, que tendrán derechos laborales específicos y ayudas económicas, al tiempo que establece penas más duras para los agresores y crea juzgados de violencia sobre la mujer.
Ante el pleno, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, defendió la necesidad de una ley con acciones de discriminación positiva en favor de las mujeres porque "cuando los derechos no son patrimonio de todos es preciso forzar el ritmo" y poner en marcha "acciones desiguales para igualar".
Todos los grupos se felicitaron por el consenso, pero no ocultaron sus críticas: la mayoría denunció la falta de presupuesto, el PP rechazó el tratamiento penal específico para los agresores y volvió a alertar de su posible inconstitucionalidad y CiU mostró recelos ante los nuevos juzgados que llevarán al tiempo los casos penales y civiles que afecten a las mujeres víctimas.
La portavoz de la Red de Asociaciones de Mujeres Feministas contra la Violencia de Género, Ángeles Álvarez, recordó en el Congreso que la ley integral no es un fin en sí misma y que tan sólo pone "los cimientos" para empezar a cambiar las cosas.
La ley, que previsiblemente se publicará en el BOE la próxima semana, entrará en vigor un mes después, aunque el Gobierno dispondrá de seis meses para implantar los juzgados de violencia sobre la mujer y adecuar la estructura del Ministerio Fiscal a los nuevos fiscales especiales; la previsión es crear 21 juzgados nuevos y reformar 428 de los existentes para que también se dediquen a este asunto.
Habrá también seis meses para adecuar el reglamento penitenciario e iniciar los programas de rehabilitación de los agresores y se esperará a la reforma de la ley de calidad de la educación para incluir en Secundaria una asignatura sobre igualdad.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, considera necesario crear un turno de oficio específico de violencia doméstica.
