Los abogados de los afectados y la Administración han llegado a un principio de acuerdo para que la Generalitat catalana pague unos 70.000 euros a cada familia por el contenido de los pisos del Carmel que han sido derruidos o se derrumbarán por culpa de las obras del metro. Sin embargo, las posturas que ambas partes mantienen respecto a las indemnizaciones por daños morales todavía son muy distantes ya que, mientras que la Generalitat ofrece 30.000 euros por familia, los perjudicados piden justo el doble, 60.000 euros.
El presidente de la Asociación Damnificados Carmel, Tomás García, reclamó la puesta en marcha de un plan de choque para recuperar el barrio, al tiempo que mostró su decepción por el contenido del pleno de ayer.
