Desproporcionada, arbitraria, contraria a las directrices europeas e incluso inconstitucional. Así definen los editores de prensa y las radios comerciales el anteproyecto de ley que prepara Sanidad y Consumo para la protección de la salud y la prevención del consumo de alcohol por menores, que amplía las restricciones a la publicidad de bebidas con graduación.
En una declaración conjunta, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (Aede), las Asociación de Revistas de Información (ARI) y la Asociación Española de Radio Comercial (Aerc) rechazaron ayer el borrador difundido por el ministerio el 25 de septiembre y animaron al resto de organizaciones de medios de comunicación a defender la autorregulación y las fórmulas pactadas con anterioridad sobre este tipo de publicidad.
En la actualidad, solo están prohibidos los anuncios de bebidas de más de 20 grados en televisión. Pero si la actual redacción del anteproyecto sale adelante, también se vetará la publicidad de alcohol cuya graduación supere los 12 grados en radio y televisión entre las 06.00 y las 22.00 horas; en algunas páginas de diarios, revistas y folletos (portada, contraportada, pasatiempos, deportes y las dirigidas a menores de 18 años), y en los portales de internet con contenidos destinados a los jóvenes.
En el manifiesto, Aede, ARI y Aerc argumentan que dicha norma "podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución, sobre la libertad de expresión", que reconoce los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, y a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio. Consideran que viola los derechos de propiedad y de libertad de empresa, recogidos en los artículos 33 y 38 de la Carta Magna.
Los editores de prensa y las radios comerciales contradicen asimismo al Gobierno, que en su momento afirmó que la norma estará en sintonía con las estrategias de la Unión Europea. En este sentido, explican que "la Comisión Europea ha descartado elaborar una directiva para restringir la publicidad de alcohol" y "recomienda promover códigos de autorregulación y unas normas básicas consensuadas entre los interesados".
Los medios recuerdan que España ratificó en 1979 el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y que el texto propuesto podría infringir el artículo 10.1, que establece la libertad para comunicar informaciones o ideas "sin injerencia de autoridades públicas ni consideración de fronteras".
