La propuesta del presidente francés, Nicolás Sarkozy, de administrar a los
pederastas fármacos para reducir su apetito sexual o realizarles una "castración
química" no ha cuajado entre los expertos españoles, que consideran que ésta no
es la solución más adecuada, al menos no con carácter general.
El jefe del departamento de Psiquiatría del Hospital Juan Canalejo de La
Coruña, Luis Ferrer, rechazó aplicar la medida de modo generalizado y defendió
estudiarlo "caso por caso", tras diagnosticar al paciente y conocer qué
patología se oculta tras su conducta. Entre las desventajas de la castración,
Ferrer apuntó a que su eficacia no es "cien por cien" y a que la medicación
requiere del consentimiento del paciente. Las ventajas radican en que con los
enfermos con una patología "más estructural", como trastornos de la
personalidad, la rehabilitación es casi nula, y en esos supuestos "podría
ensayarse" la castración química.
Lo más importante es que los delincuentes sexuales reincidentes sean
controlados tras su excarcelación: "un sistema de control y de supervisión de
servicios sociales o judiciales con independencia de que se haya recurrido a la
castración química".
También el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, se
opuso a generalizar la castración química, "ya que -dijo- no es solución a
delitos "tan graves" como la pederastia y la pornografía infantil, entre otras
razones porque su eficacia no está garantizada y puede ser "útil sólo en
determinados casos".
Según el portavoz de la asociación Jueces por la Democracia Jaime Tapia, en
España no sería posible aplicar esta medida, pues atentaría contra el derecho a
la integridad física del individuo reconocido en la Constitución. Tras afirmar
que la propuesta de Sarkozy pone en cuestión la reinserción del delincuente,
opinó que la ley española permitiría aplicar un tratamiento a una persona que
-consciente de su problema- lo solicitara.
Hoy el principal problema, denunciado por operadores jurídicos y expertos, se
plantea cuando un recluso ha seguido una terapia y a la salida de la cárcel no
continúa con la misma. El portavoz de la Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), Antonio García Martínez, también defendió la continuación de
los tratamientos cuando el delincuente es excarcelado. Además, demandó una
reflexión sobre las medidas más adecuadas para abordar este problema como
obligarles a terapias de reeducación, someterles a un control periódico para
detectar la evolución de su estado, e imponer medios telemáticos.
Para el psicólogo de la Fiscalía de Menores de Madrid y ex Defensor del
Menor, Javier Urra, la ley debería proteger no sólo a la víctima, sino "a
quienes lo puedan ser" y para ello la castración sexual es un método "a tener en
consideración". "Sabemos que los pedófilos van a reincidir y que las terapias no
son eficaces con ellos" porque no reconocen lo que hacen, niegan los hechos y
"no asumen su culpa y eso es un problema muy grave".
En España, explicó, hay 65.000 presos en las cárceles, 2.500 están acusados
de agresión sexual y unos 800 por pederastia. "Los pedófilos suelen ser mayores,
no son impulsivos, tienen un nivel económico medio-alto y no son en absoluto
enfermos mentales, sino perversos morales" que premeditan mucho lo que van a
hacer y "actúan de manera que no se sepa". De hecho, se calcula que sólo uno de
cada ocho agresiones son denunciadas, aseguró.
En su opinión, la reducción de la libido que proporciona la castración
química permite trabajar al psicólogo y estudiar la conducta del pederasta,
"hacerle ver el daño que ocasiona y curarle". Para este psicólogo, la mejor
solución sería realizar un seguimiento exhaustivo del pedófilo que sale de la
cárcel, con terapias e informes para evitar la reincidencia.
También la psicóloga forense Victoria Trabazo considera que la pederastia
debería tratarse con fármacos porque es un problema de descontrol de los
impulsos, como los de los ludópatas.
