El juzgado de Primera Instancia número 27 de Madrid obligó ayer al Gobierno autonómico a cumplir la legislación sobre el aborto en el caso de una menor tutelada que reúne todas las condiciones legales para interrumpir su embarazo. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre bloqueó estas intervenciones en agosto, tras la llegada a la dirección del Instituto Madrileño del Menor y la Familia de Paloma Martín, que no ha firmado ninguna autorización.
La negativa afecta al menos a una decena de menores. Algunas están ya fuera de plazo, tras superar el estricto protocolo impuesto por la Administración madrileña y la negativa de la gerente del organismo, que dejaba morir en un cajón los expedientes con los informes médicos favorables. Varias menores se han fugado y otra ha recurrido a la Fiscalía de Menores con un informe sobre su caso.
