Ni un solo apoyo fuera de sus filas. Ni siquiera el de CiU. El PP tuvo que echar mano ayer de su mayoría absoluta en el Congreso para sacar adelante el decreto que reforma la sanidad con el objetivo de ahorrar 7.000 millones. Todos los grupos se unieron en bloque para rechazar el cambio de modelo sanitario, hasta ahora universal, que supondrá exigir “ser asegurado” y cotizar a la Seguridad Social para tener derecho a atención, y por la retirada de la tarjeta sanitaria a los simpapeles desde el 1 de septiembre.
El decreto también incluye copagos en el terreno farmacéutico por parte de los pensionistas, y otros más polémicos en prótesis y otros productos dietoterápicos y transporte sanitario no urgente. Estas medidas y la apertura a dejar de financiar muchos medicamentos de uso común desataron las críticas de la oposición, a pesar de que la ministra de Sanidad, Ana Mato, se empeñó en defender que estos sacrificios garantizarán la viabilidad del sistema, que acumula una deuda de 16.000 millones, sin tener que recurrir al copago sanitario.
El portavoz socialista y exsecretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, fue especialmente duro con el decreto, al que calificó de “chapuza jurídica” y consideró “una puerta abierta a la privatización”. Incluso acusó a Mato de llevar a cabo una “política cobarde” al dejar fuera a los inmigrantes y de ser una “incompetente”. Mato le acusó de emplearse con demagogia y defendió que “no se puede tratar igual a los inmigrantes que viven con todas las de la ley que a los lo hacen en situación irregular”.
inconstitucional // El diputado de ERC, Joan Tardá, también fue inflexible: “El decreto desguaza el sistema público y recorta tanto dinero como da a los bancos. Es un verdadero atraco social”. Emilio Olabarría, del PNV, y Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, consideran el decreto “presuntamente inconstitucional” y “desalmado” al establecer copagos para los más desfavorecidos, los pensionistas y enfermos crónicos.
El PP también sacó adelante, con su mayoría absoluta, el decreto que recortará 3.000 millones en educación con medidas como los aumentos en un 20% de las horas lectivas de los profesores, del número de alumnos por aula y de las tasas universitarias hasta un 66%. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, defendió que “son medidas excepcionales” y “más dolorosas de lo que hubiera querido el Gobierno”, pero necesarias para aliviar el déficit de las comunidades autónomas.
La oposición denunció que la norma invade competencias. El portavoz socialista y exsecretario de Estado de Educación, Mario Bedera, vaticinó que el decreto provocará el despido de más de 40.0000 profesores. H
