A Mariano Rajoy, su intención de derogar la actual ley del aborto y cambiarla por una norma más restrictiva le ha provocado tantos quebraderos de cabeza, especialmente por los recelos que ha encontrado en su propio partido, que en estos momentos el presidente del Gobierno se plantea seriamente, según las fuentes consultadas, desactivar el proyecto, una decisión que aún no se le ha comunicado al ministro Alberto Ruiz-Gallardón, según fuentes gubernamentales.

Así, lo que perseguiría Rajoy con esta nueva estrategia es que la polémica iniciativa, que provoca rechazo en la izquierda pero también en el electorado de centro-derecha, no suponga un lastre para él mismo y el PP en la importante carrera electoral que se abre en el 2015, con elecciones autonómicas y municipales en mayo, en primer lugar, y generales a finales de año, sin descartar otras citas electorales a nivel autonómico que puedan colocarse en el ya apretado calendario.

Lo cierto es que si hubiera tenido interés en hacerlo, el Ejecutivo central podría haber aprobado hace semanas un proyecto legislativo definitivo para derogar la vigente ley de plazos en Consejo de Ministros (ya fue aprobado un primer borrador en diciembre), puesto que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón entregó en la Moncloa una versión definitiva del mismo antes de las vacaciones. En dicho texto, el departamento de Justicia -que anhelaba que su propuesta viera la luz en julio o septiembre como muy tarde- introdujo retoques que pretendían apaciguar el malestar causado por el anteproyecto que presentó a la opinión pública las pasadas Navidades, esto es, ese que se cargaba de un plumazo el derecho a abortar y solo permitía las interrupciones del embarazo ante dos supuestos muy taxativos: violación y riesgo “grave” para la salud de la madre­.

MÁS DE TREINTA INFORMES // Ese primer texto de Ruiz-Gallardón resultaba aún más retrógrado que la ley del aborto del 85, dado que tampoco reconocía como supuesto para la despenalización la malformación del feto. Eso provocó una marea de rechazo en una parte importantísima de la sociedad, la oposición política y, lo que resultó más chocante, dirigentes del propio PP.

Ese contexto obligó a Rajoy a pedir a Gallardón que le diera una vuelta a su proyecto estrella, reclamara opinión a distintos órganos consultivos (se cosecharon más de una treintena de informes) y se abriera la mano en la redacción final para que al menos la malformación fetal grave pudiera ser causa reconocida para abortar. Gallardón ya entregó su proyecto corregido a presidencia de Gobierno. Pero no se ha aprobado aún en Consejo. Y eso que el titular de Justicia aseguró que se haría antes de que terminase el verano. El retraso ha provocado que tanto en el PP como en una parte sustancial del Gobierno, desde hace semanas, se haya extendido la idea de que Rajoy había cambiado de criterio y no estaba dispuesto a asumir un coste político alto por aprobar esa ley.

Ahora queda en manos de Rajoy concretar si, para no desautorizar a su ministro Gallardón, aprueba su proyecto en Consejo de Ministros y después lo deja languidecer en la tramitación parlamentaria -de forma que no se apruebe esta legislatura- o si ni siquiera lo somete a esos mínimos. Las organizaciones antiabortistas planean manifestaciones para protestar la próxima semana ante la marcha atrás. H