El TC descongela el recurso del Partido Popular contra el aborto

Al Tribunal Constitucional no le quedan excusas para no pronunciarse sobre uno de los recursos más espinosos que tiene pendientes. Por eso, en el 2017 cuenta con resolver el recurso presentado en el 2010 por el PP, encabezado por el exministro de Defensa, Federico Trillo, contra la ley del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero.

Según informaron fuentes del alto tribunal, el pleno aún no ha llegado a deliberar el borrador de sentencia que desde hace tiempo tiene redactado el magistrado Andrés Ollero. Los órdenes del día de las sesiones los prepara el presidente del Constitucional con las propuestas de resolución que le presenta cada ponente, pero quien tiene la última palabra sobre qué incluir o no es Francisco Pérez de los Cobos, cuyo mandato en el alto tribunal termina el próximo 29 de diciembre.

El recurso contra la ley socialista del aborto, según dichas fuentes, nunca se llevó a pleno por varios motivos que han permitido al Constitucional evitar pronunciarse sobre una cuestión que es consciente de que no deja indiferente a nadie y que sospecha que resuelva lo que resuelva resultará una decisión insatisfactoria para todas las sensibilidades.

Primero se entendió que no se debía iniciar un debate que iba a fracturar el Constitucional, igual que lo hace con la sociedad española, cuando el presidente, Mariano Rajoy, llevaba en el programa electoral del 2011 que derogaría la ley impulsada por la ministra socialista Bibiana Aído.

ELECCIONES // La derogación nunca se produjo y finalmente el PP, tras perder por el camino al ministro de Justicia al que se había encargado llevar a cabo la contrarreforma, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo que contentarse ante el rechazo social a sus intenciones con aprobar en julio del 2015 una reforma parcial de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Con toda la oposición en contra y también la de cinco diputados populares que consideraban el cambio insuficiente y una validación de la ley de Zapatero, impuso el consentimiento paterno para las jóvenes de entre 16 y 17 años.

Cinco meses después, hubo nueva cita con las urnas y luego la repetición de las elecciones, y el Constitucional siguió a pie juntillas la máxima de no interferir en el proceso electoral. Durante el año transcurrido entre votación y votación el criterio del Constitucional ha sido el de esperar a ver quién se hacía con el gobierno para saber qué hacer,

Una vez que el PP ha vuelto a ganar las elecciones, se despeja el panorama de una hipotética modificación de la ley, y el Constitucional no puede perder más tiempo para resolver un recurso que lleva seis años guardado.