Trump declara la «emergencia de salud» por la epidemia de opioides

Más de dos meses después de anunciar que se disponía a declarar la «emergencia nacional», Donald Trump ha adoptado finalmente medidas para afrontar la devastadora epidemia de opioides con recursos adicionales e instrucciones a las agencias gubernamentales para que prioricen al combate contra la drogodependencia que está destrozando a miles de comunidades a lo largo y ancho de Estados Unidos. El presidente ha presentado una versión descafeinada de sus planes iniciales al declarar la «emergencia de salud pública», un recurso con menos poderes extraordinarios que la prometida «emergencia nacional». Para los expertos es un paso en la dirección correcta, pero su efectividad dependerá de las medidas y la agresividad que adopten las autoridades para aplicarlas.

«Como americanos no podemos permitir que esto continúe. Ha llegado el momento de liberar a nuestras comunidades del azote de la adicción a las drogas», dijo Trump ayer. La prescripción de adictivos analgésicos opiáceos para tratar el dolor crónico sigue siendo altísima, tanto que Estados Unidos consume el 80% de los fármacos de esta naturaleza que se producen en el mundo, y en el 2015 se recetaron suficientes como para medicar durante tres semanas a cada uno de sus habitantes. A este problema hay que añadir la proliferación de la heroína y el fentanilo, que ha provocado que se cuadripliquen las muertes por sobredosis de caballo.

En esta catástrofe de salud pública no hay un solo responsable. Médicos, farmacéuticas, aseguradoras, y reguladores comparten culpas junto al crimen organizado, que está inundando el país de drogas ilícitas. Solo el 2016 murieron 34.500 estadounidenses por sobredosis de opioides, según datos oficiales, más que las muertes por accidentes de tráfico.

EEUU no declaraba una «emergencia de salud pública» desde el 2009, cuando lo hizo para responder al virus de la gripe porcina. Esta vez Trump ha anunciado una actuación en varios frentes. Desde masivas campañas publicitarias para concienciar a la población, a un agresivo escrutinio judicial contra los médicos y farmacéuticas que nutren el mercado negro o fondos de otras partidas que los estados incrementen el acceso al tratamiento.

En este sentido se permitirá a los pacientes recurrir a la telemedicina para obtener recetas de metadona o buprenorfina. También se incentivará la contratación laboral de extoxicómanos. Las medidas anunciadas no incluyen, sin embargo, la liberación de fondos adicionales para hacer frente a la epidemia.