Un abogado de Castelló está acusado de presuntos delitos de inmigración clandestina y faldesas documental por, presuntamente, amañar uniones de hecho a extranjeros a cambio de dinero para que estos lograran la residencia legal en España. El letrado, que responde a las iniciales J.J.B.B., ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional de Castellón, que además ha registrado su domicilio y su despacho profesional, sito en la calle Padre Jofre de la capital, según ha podido saber este periódico de fuentes solventes.
Todo apunta, según la investigación policial, a que el abogado habría cobrado mordidas por orquestar falsas uniones de hecho a extranjeros con personas de nacionalidad española. Fue, precisamente, la denuncia de uno de esos inmigrantes lo que desató la investigación hace unos tres meses.
El letrado no es el único detenido de la operación, pues según ha podido conocer este diario, los agentes también han arrestado a numerosos intermediarios. Entre ellos se encuentra un ciudadano rumano que estaría compinchado con el abogado y que le habría ayudado en los trámites. Todo parece indicar que hacía de enlace entre los extranjeros y el representante legal y que ejercía como una especie de principal captador.
J.J.B.B. pasó a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Castelló este lunes y quedó en libertad con cargos. Tanto él, como su presunto cómplice negaron todos los cargos de los que se les acusa en su comparecencia ante el juez.
La investigación continúa abierta y trata de esclarecer ahora el número de personas que pudieron verse envueltas en el supuesto fraude del abogado.
Precisamente, el Juzgado de Instrucción número 1 es el mismo al que fue trasladado el viernes el jefe de la oficina de Extranjería de la plaza Teodoro Izquiero de Castelló, acusado también de presuntos delitos relacionados con la tramitación de documentación a inmigrantes, como publicara en exclusiva este periódico el pasado sábado. El funcionario de Cuerpos Generales de la Administración, al igual que otras dos mujeres detenidas, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, según confirman fuentes judiciales.
El magistrado impuso al funcionario la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado como medida cautelar.
La investigación trata de esclarecer si el funcionario recibió dinero en efectivo y diferentes regalos por parte de los demás investigados a cambio de realizar o agilizar trámites para la expedición de permisos y otros documentos en materia de Extranjería, así como si accedió de forma indebida a bases de datos policiales.
