Un matrimonio de origen nigeriano, residente en Castelló, ha vuelto a ser condenado por delitos relacionados con la trata de seres humanos en la Audiencia Provincial. Hace tres años que los dos miembros de la pareja ya fueron sentenciados a dos años de cárcel por prostitución coactiva de menores e inmigración clandestina. Ahora, el tribunal los considera autores de un delito de blanqueo de capitales para lavar el dinero procedente de la explotación sexual de las víctimas y les impone un año de cárcel --aunque la Fiscalía pedía cinco-- y una multa de 86.700 euros a cada uno.
Compraron dos pisos y no trabajan hace 14 años
La Audiencia declara probado que los procesados utilizaban varias cuentas bancarias para ingresar el dinero procedente de la prostitución. En concreto, la investigación ha analizado la procedencia de 120.000 euros, dado que al hombre no le consta ninguna actividad laboral desde el 2007 y a la mujer, desde el 2011. La fiscal les preguntó a ambos en el juicio cómo podían haber comprado dos pisos en la capital de la Plana sin empleo alguno.
Los dos acusados negaron los hechos en el juicio que se celebró contra ellos el pasado día 10 en la Ciudad de la Justicia. El hombre dijo que el dinero rastreado por las autoridades salió de su trabajo en la cerámica y también de la venta de coches y camiones a la que se dedicaba --aunque preguntado por el modus operandi del negocio, no pudo dar una explicación convincente--. Por su parte, la mujer ratificó la versión de su marido y dijo que el dinero para comprar los inmuebles salieron de los negocios de coches que tenía.
La prueba de cargo del caso radica, en esencia, en la recepción de ingresos injustificados y su posterior inversión para su reciclaje o lavado por parte de los dos condenados, quienes ya habían sido juzgados y sentenciados por dedicarse a la trata de seres humanos.
Como suele suceder en estos casos, la red a la que se vinculó al matrimonio se dedicaba a introducir a mujeres nigerianas en España y traerlas a la provincia para explotarlas sexualmente en el camí Caminàs. Una vez en territorio nacional, las víctimas eran obligadas a pagar una supuesta deuda adquirida que rondaba los 50.000 euros. La red las forzaba a vender su cuerpo y las amenazaba con hacer daño a sus familias, con vudú o ejerciendo violencia directa.
