La Fiscalía Provincial ha solicitado que el juicio a un padre por presuntos abusos a sus hijas discapacitadas en Vinaròs se celebre a puerta cerrada el próximo día 7 de junio. El Ministerio Público solicita una pena de 24 años de prisión para el hombre por las prácticas sexuales que hizo con las menores, quienes padecen «un retraso madurativo sin diagnóstico de etiología congénita y un grado de minusvalía del 39%», según el escrito de acusación provisional.
El fiscal también ha pedido que las menores no tengan que volver a declarar presencialmente en la vista oral. Así, aboga por que se reproduzcan las imágenes de su testimonio en sede judicial como prueba preconstituida. Se trata de una fórmula jurídica que en los casos de supuesto abuso sexual infantil tiene dos objetivos fundamentales: proteger el testimonio del menor y evitar su revictimización por su paso por el procedimiento penal.
Los hechos
Según mantiene la acusación, el padre aprovechó el desconocimiento de los hechos por parte de la madre de las niñas, que se encontraba de baja laboral, en tratamiento por depresión y fibromialgia. La mujer se encontraba, en muchas ocasiones, aislada en el interior de su dormitorio, estancia que no compartía con el acusado. Así pues, prevaliéndose de la relación de parentesco y de las minusvalías psíquicas de sus propias hijas, las llamaba a su habitación para después someterlas a ambas a tocamientos y a otros actos de contenido sexual, según mantiene la Fiscalía de Vinaròs.
Confesión en el colegio
Dichos actos tuvieron lugar, supuestamente, durante varias ocasiones en el año 2016, hasta que en el mes de diciembre cesaron los mismos cuando una de las pequeñas contó a una profesora y a la directora de su centro de estudios las prácticas sexuales a las que el progenitor las inducía.
El Ministerio Público califica los hechos como dos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años. Además de la pena de 24 años de cárcel, aboga por que el procesado cumpla otros ocho de libertad vigilada, tiempo durante el cual también solicita que se le prive de la patria potestad. Asimismo, el fiscal pide una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a menos de 500 metros de las víctimas, ni tampoco comunicarse con ellas durante una década. En el apartado de la responsabilidad civil, la Fiscalía considera que el acusado debería indemnizar a las afectadas en la cantidad de 30.000 euros por los daños morales causados.
La vista oral comenzará con la declaración del acusado, que según el escrito de la fiscalía, solo estuvo detenido un día.
