Castellón alberga a dos de los diez presos etarras que se encuentran lejos del País Vasco, los únicos que hay en toda la Comunitat Valenciana. Según ha podido saber este periódico, los dos etarras que se encuentran presos en la provincia lo están en la capital de la Plana, en el penal de la carretera de l’Alcora. Se trata de Pedro Cano Hernández, interno del módulo 1 con condena hasta 2032, y Orkaitz Gallastegui Sodupe, del módulo 4, con condena hasta 2051, aunque ninguno de los dos podrá cumplir más de 30 años por el nuevo Código Penal.
Ambos son reos de primer grado y están catalogados como FÍES III, que son aquellos que tienen especial seguimiento por estar vinculados a bandas armadas o grupos terroristas o a aquellos a quienes los informes de las Fuerzas de Seguridad establezcan alguna vinculación con ellos.
Las condenas
La Audiencia Nacional condenó a 26 años de prisión a Orkatz Gallastegi Sodupe por haber facilitado a ETA la información necesaria para asesinar, el 7 de noviembre del 2001, al magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María Lidón. El etarra recabó datos «acerca del horario habitual de salida del domicilio de Lidón, el vehículo en que lo hacía, el itinerario que recorría hacia su trabajo y sus medidas de seguridad». El asesinato fue perpetrado, gracias a estos detalles, por dos miembros del comando Vizcaya que murieron un año después, el 23 de septiembre del 2002, al estallar el artefacto que estaban manipulando dentro de un vehículo en Bilbao para volver a atentar.
Se trata del hermano pequeño de Arantzu Gallastegi Sodupe -alias Amaia--, condenada por el asesinato de Miguel Ángel Blanco junto a su pareja, Francisco Javier García Gaztelu Txapote, quien efectuó los dos disparos que acabaron con la vida del concejal del PP de Ermua en el año 1997.
El otro preso con vinculación con la banda terrorista que cumple condena en Castellón, Pedro Cano, fue condenado como cooperador necesario en el atentado que costó la vida al concejal socialista Juan Priede. Cano realizó vigilancias y les dio a los autores materiales del crimen informaciones sobre los horarios, movimientos y costumbres del concejal del PSOE. Además, el día que decidieron llevar a cabo el asesinato, él conducía el coche en el que huyeron tras recibir el político tres disparos.
Traslados recientes
Instituciones Penitenciarias ya acordó a principios de este año el traslado a cárceles más cercanas al País Vasco de cinco presos de ETA, entre ellos, Juan Ramón Carasatorre Aldaz, condenado a 30 años de cárcel en el 2011 por el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez.
Carasatorre, que cumplía su pena en la cárcel de Albocàsser, también fue sentenciado por el asesinato del inspector jefe de la Policía, Enrique Nieto Viyella, en 1995 y del brigada del Ejército destinado en el cuartel donostiarra de Lozoya, Mariano de Juan Santamaría, el mismo año. Desde el centro penitenciario Castellón II, fue derivado a la cárcel de El Dueso, en Santoña (Cantabria).
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dispuso también el pasado viernes el traslado a cárceles más próximas al País Vasco de otros tres presos de ETA que cumplen condena por delitos de terrorismo, entre ellos los asesinos de Ernest Lluch y Tomás Caballero. También será trasladada a Álava María Soledad Iparraguirre Guenechea Anboto, la histórica exjefa de la banda con varias condenas recientes y causas abiertas en la Audiencia Nacional.
