El salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Castelló ha albergado este miércoles la lectura del acuerdo de conformidad que han alcanzado los 18 detenidos en la megaoperación contra el tráfico de droga que tuvo lugar en Almassora en el verano del 2020. El pacto conlleva unas penas de prisión acumuladas de 53 años y 9 meses, por diferentes delitos contra la salud pública y el blanqueo de capitales. Las condenas más elevadas son de 4 años y 6 meses, y las menores, de 1 año y 3 meses.
En esa horquilla se manejan las penas de los 18 condenados, que mostraron su conformidad con el acuerdo alcanzado entre sus abogados y el Ministerio Fiscal, que los acusaba de formar parte de una organización criminal dedicada a traficar en la zona de la playa de Almassora. Según el escrito de la Fiscalía, los procesados formaban parte de un grupo especializado en la venta de drogas --especialmente cocaína--.
Investigación
Los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil comenzaron la investigación en el 2018. Durante las vigilancias, se percataron de un notable repunte de las aprehensiones de droga, así como de un importante trasiego de personas que entraba en los domicilios citados sin tener aparentemente ninguna relación con sus moradores. Estos hechos pusieron a los agentes tras la pista de los presuntos traficantes, que protegían las casas con puertas acorazadas, rejas y travesaños de acero para dificultar el acceso.
Finalmente, el 7 de julio del 2020 se realizaron las entradas y registros autorizados por el Juzgado de Instrucción 2 de Castellón en las viviendas de los procesados, siendo siete en Almassora y dos en Castellón, en el marco de la operación Atipa.
Los agentes se incautaron de dinero, diferentes cantidades de droga y utensilios para prepararla, entre otros enseres. Además de la distribución de sustancias, en varias viviendas se descubrieron plantaciones de marihuana con más de un centenar de ejemplares, así como también armas de fuego y defensas.
Según relata el Ministerio Fiscal, las viviendas funcionaban como supermercados de la droga. Al parecer, los clientes entraban con su coche al patio entre los edificios y, por la ventanilla, hacían su pedido, como si se tratarse de un restaurante de comida rápida.
Fiscalía solicitaba inicialmente penas que oscilaban entre los cinco y los 17 años de prisión.
