Audiencia Provincial

La estafa de la franquicia de los patinetes eléctricos en Castellón

Aplazado el juicio al estar un acusado en México

Imagen de uno de los dos procesados que sí compareció en el juicio de ayer en la Audiencia Provincial de Castellón.

Imagen de uno de los dos procesados que sí compareció en el juicio de ayer en la Audiencia Provincial de Castellón. / Sara Rios

La Audiencia Provincial de Castellón suspendió este viernes un juicio por estafa en un negocio de alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas por incomparecencia de uno de los dos procesados que se encontraba en México. Según alegó su letrado, el acusado había mostrado su disponibilidad a declarar por vía telemática, ya que reside por motivos laborales en este país y le cuesta «gravoso» viajar hasta aquí para comparecer en la vista.

Antes de tramitar una orden de busca y captura del mismo, el tribunal dio de plazo a las partes hasta la última semana de junio para llegar a algún tipo de acuerdo de conformidad dado el acercamiento de posturas mostradas ayer por la Fiscalía y la defensa para resarcir la responsabilidad civil, fijada en 101.000 euros, «en la medida de lo posible».

En total, el Ministerio Público pide cinco y tres años de cárcel para los dos hombres, uno de los cuales acumula varias condenas por estafa y falsedad de documentos mercantiles en Madrid, a los que se les acusa de engañar a mediados del 2017 a tres inversores que desembolsaron más de 100.000 euros para montar una franquicia de alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas.

Mala situación económica de la empresa

Según el escrito de acusación, la fiscal sostiene que los procesados se quedaron el dinero pese a que sabían con anterioridad al desembolso de los perjudicados que no iban a cumplir con su parte del contrato por la mala situación económica que atravesaba la empresa en cuestión.

«El acusado, movido por el ánimo de beneficiarse a costa de los bienes ajenos y previamente al desembolso efectuado, era sabedor de la difícil situación económica que atravesaba la mercantil, información que fue ocultada oportunamente a los perjudicados para lograr la celebración de los contratos e igualmente era sabedor de que no iba a cumplir con su parte del contrato debido a las apremiantes deudas existentes», apunta la fiscal.

Fue entonces, cuando para evitar bloqueos en las cuentas, cambió su denominación social para lo que se convino con el otro acusado, «que movido por igual ánimo asumió el cargo de administrador único y la gestión económica de la mista y las decisiones del otro procesado que continuaba como apoderado».

Suscríbete para seguir leyendo