El juicio a los policías acusados de asesinar al coruñés Diego Bello empezará el 11 de octubre en Manila, 45 meses tras su muerte

El joven coruñés Diego Bello fue abatido a tiros en las puertas de su casa en la isla filipina de Siargao el 8 de enero de 2020. Este 11 de octubre, 45 meses después de su muerte, el Juzgado número 1 de la Corte Regional de Manila, la capital del país asiático, empezará el juicio contra los tres policías responsables de la muerte, sobre los que pesan los cargos de asesinato y manipulación de la escena del crimen. Según su versión, Bello era un narcotraficante y lo mataron en defensa propia, después de que les disparara; pero las investigaciones de otras agencias del Estado filipino consideran que los agentes lo mataron y después dejaron droga y un arma junto a su cuerpo.

De acuerdo con la familia del fallecido, que “celebra” el inicio del juicio, en la primera jornada “está previsto que la acusación presente pruebas contra los policías, y llame a declarar a los primeros testigos”. El tío de Bello, Francisco Lafuente, señala que “después de tres años y medio de lucha para conseguir justicia para nuestro querido Diego, vemos más próximo conseguirlo”, y agradeció el trabajo de “mucha gente”, desde su “familia y amigos” a la embajada, grupos políticos, medios y equipos deportivos.

En un primer momento estaba previsto que el juicio se desarrollase en un tribunal regional, pero la familia reclamó que se cambiase la sede a la capital del país para evitar presiones y garantizar la seguridad de los testigos. También argumentó que el cambio de sede supone “una mayor celeridad en el proceso judicial al contar con más medios los juzgados de la capital y una mayor facilidad para el seguimiento del juicio”.

Los tres acusados de la muerte se opusieron al traslado, afirmando que no existía “ninguna razón convincente” para que hubiese un juicio imparcial en el juzgado de origen, y que hay ninguna “manifestación concreta de amenazas”. Antes de entregarse en febrero de este año, los tres imputados estuvieron diez meses en busca y captura. La familia recuerda que su entrega “fue objeto de una numerosa rueda de prensa del ministro de Justicia filipino, Jesús C. Remulla, con la insólita presencia en la misma de los tres policías acusados”.