Las personas sobre las que reclamaba el Ayuntamiento que se arrancara el juicio oral, por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude, son, además del exalcalde Rubert, el que fuera concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Ramón Tomás; los hermanos Antonio y Alejandro Pons (Piaf); el técnico municipal Miguel Ángel Zorrilla y otras tres personas que estaban vinculadas a la empresa, que actualmente está en concurso de acreedores.
El fiscal insistió el pasado verano en archivar el ‘caso Piaf’, como ya hizo los años 2013 y 2016, al indicar que «en las diligencias practicadas no resulta debidamente justificada la perpetración por los investigados de los delitos por los que se procede en la presente causa». Fue la asesoría contratada por el consistorio en este procedimiento la que decidió seguir la causa que deriva ahora en el juicio oral.
