Embargos por impago y okupaciones en el PAU Lledó disparan las casas en venta

Los embargos por impago, a raíz de la crisis del ladrillo y las posteriores crisis económicas; junto a la oleada de okupaciones que sufre el PAU Lledó de Castelló han provocado que se disparen las casas de alto standing en venta en uno de los barrios tradicionalmente más adinerados de la capital de la Plana. Tanto es así que los principales portales inmobilarios de internet ofertan más de 70 propiedades en el barrio, como ha podido comprobar este diario, aunque los vendedores evitan colocar carteles de se vende a la vista para no atraer a más intrusos ante el efecto llamada generado por el alza de las viviendas deshabitadas en la zona.

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Casas de hasta 900.000 euros

Las propiedades más caras que se encuentran a la venta tienen un precio de 950.000 euros, con unos 400 metros cuadrados, tres baños y entre tres y cinco habitaciones. Sin embargo, la mayoría de ellas ronda los 400.000 y la mitad de ellas han experimentado bajadas de precio respecto a la cantidad inicial solicitada.

Mediterráneo se hizo eco ayer de una de las últimas okupaciones, la de una vivienda deshabitada desde hacía nueve meses --a causa de una administración concursal a la empresa propietaria--. Esta vivienda se ubica en la calle Francisco Ruiz Cazador y solo en esa calle hay un total de once inmuebles que se venden.

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Aumentan las cámaras de videovigilancia

Con un simple paseo por la zona puede apreciarse también la gran cantidad de alarmas y cámaras de videovigilancia que hay instaladas. Si bien es cierto que muchas de ellas llevan puestas años, los vecinos las colocaron de forma generalizada a partir del 2022 ante la oleada de intentos de okupación, entradas consumadas y robos. Todos estos episodios han desatado la inseguridad y el malestar, habiendo tomado algunos de los dueños la decisión de poner sus casas en venta para marcharse. «Lo que pagamos de hipoteca y de IBI no se ajusta a la situación actual del barrio», lamentan.

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Luz, agua y cámaras instaladas en el chalet de medio millón okupado

La familia que desde el pasado miércoles se ha instalado ilegalmente en un chalet de la calle Francisco Ruiz Cazador y que tiene varios menores a su cargo ya cuenta con suministro de luz, de agua e, incluso, con cámaras de seguridad. Así lo aseguraron ellos mismos en conversaciones con este diario, incidiendo también en que saben que, como residen niños en la vivienda, la policía no los puede echar.

En lo que se refiere a los servicios básicos, como la luz o el agua, una norma aprobada en diciembre de 2022, conocida como la norma antidesahucios, prohíbe el corte de suministros básicos como agua, gas o luz. Esta norma tiene ciertas excepciones, pero en general, incluso si la okupación de la vivienda es ilegal, no se permitirá cortar la luz y otros servicios al intruso.

El propietario tiene derecho a reclamar la devolución, lo que no significa que la situación de ocupantes de casas con hijos pequeños sea menos importante. La ley establece que los niños deben ser protegidos por encima de todo. Al no ser esta una casa habitada, no existe allanamiento de morada y el procedimiento judicial puede dilatarse años.

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