La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas agilizará el procedimiento para otorgar el reconocimiento del grado de discapacidad, de forma que el informe del facultativo de cabecera del centro de salud sirva para el proceso de valoración, para agilizarlo y evitar que tenga que repetirse.

Hasta ahora, el informe médico lo hacían única y exclusivamente los centros de valoración. Con la modificación de la orden por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en la Comunitat se pretende establecer reglas de colaboración para la mejor gestión y agilización del procedimiento, en base a los informes de salud y sociales de los que dispongan las personas en el momento de la solicitud para realizar con garantías la valoración.

MÉDICO DE CABECERA // Se persigue que haya unos baremos comunes con la Conselleria de Sanidad, por ejemplo, acerca de los indicadores que se usan en la valoración, para no tener que duplicar documentos, sino que los informes de salud que emiten los doctores que suelen realizar el seguimiento del usuario tengan validez cara al proceso, de forma complementaria a los que se realizan desde los propios centros de valoración.

Asimismo, serán válidos los informes sociales emitidos por técnicos y trabajadores sociales de los servicios sociales generales del entorno natural y lugar de residencia del interesado. Igualmente, se podrán hacer valer los que consten en el expediente de reconocimiento de grado de dependencia, en su historia clínica o de otros servicios sociales especializados. No obstante, ante la más mínima necesidad de confirmar, corroborar o valorar presencialmente alguna situación clínica, se mantendrá la obligatoriedad de realizar una cita de reconocimiento en el centro de valoración y orientación.

El objetivo es optimizar el uso de recursos de la administración y que no se dilate el procedimiento de las personas con diversidad funcional que, en la mayoría de casos, ya tienen múltiples informes sanitarios y sociales realizados. Estos cambios tendrán que superar el procedimiento de información pública que se abrió ayer para su entrada en vigor.

CSIF había denunciado el colapso del servicio encargado de este cometido en Castellón pidiendo más administrativos, ante esperas de año y medio para la trámites como la obtención de este certificado, fundamental para el acceso a colegios con acreditación del grado de discapacidad o solicitud de ayudas económicas a familias sin recursos.