La violencia de hijos a padres tiene un peso relevante en las infracciones cometidas por menores, pero no es el delito que en Castellón más cometen quienes todavía no han cumplido los 18 años. Los últimos datos de la Fiscalía General del Estado revelan que durante el último año, los adolescentes de la provincia han perpetrado 974 infracciones penales (delitos y delitos leves), una cifra que en el último ejercicio ha aumentado un 13,6%.

Entre las infracciones penales protagonizadas por los menores de la provincia, el primer lugar del escalofón lo ocupan los delitos contra el patrimonio: 358 en el último año. De esa cantidad, 135 fueron robos con fuerza, pero hubo también 90 robos con violencia e intimidación, 81 hurtos y 52 delitos de faltas.

El segundo lugar entre las infracciones penales más frecuentes lo ocupan las lesiones. Los juzgados de Castellón tramitaron 150 denuncias de este tipo. Asimismo, juzgaron 18 delitos contra la libertad sexual, 9 de ellos por agresión sexual y 9 por abusos. Los menores de 18 años protagonizaron también 5 infracciones contra la seguridad vial, todas por conducir sin permiso.

212 sentencias condenatorias // La delincuencia juvenil ha repuntado en el último año en Castellón y los jueces de la provincia dictaron 212 sentencias condenatorias, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero además de que se delinque más, una de las cuestiones que más preocupa es que quienes cometen una infracción penal lo hacen cada vez antes. Un dato. De los 212 menores condenados en el último año, el 40% (85 en números absolutos) tenían tan solo 14 y 15 años. Otra cuestión en la que hacen hincapié las fuerzas de seguridad es en el nivel de reincidencia. Así, de los 212 menores condenados en la provincia, 71 eran viejos conocidos de la policía, dado que acumulaban dos o más infracciones penales. O dicho de otra manera: uno de cada tres es reincidente.

Y, ¿qué les ocurre a esos menores una vez son condenados por un juez? La ley establece varias medidas y la mayoritaria en Castellón es la libertad vigilada. De hecho, durante el último año esta medida se adoptó en 144 casos, siempre según el INE. Le sigue la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.