La ley de dependencia va cuesta abajo y lo hace a gran velocidad. El sistema, que echó a andar en enero del 2007 con la promesa de prestar una ayuda o servicio a más de 25.000 personas en Castellón, creció primero, se estancó después y ahora, recorte tras recorte, está acelerando su caída. La situación es tan crítica que el que estaba llamado a convertirse en el cuarto pilar del Estado de Bienestar da cobertura cada vez a menos personas de la provincia, hasta que el punto de que las asociaciones y plataformas de defensa de la ley califican la situación de “paralización absoluta”.

Los datos que publica periódicamente el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) evidencian que el nivel de cobertura de la ley de dependencia es cada vez más bajo. En Castellón, a finales de mayo de este mismo año se contabilizaban 5.746 personas con derecho reconocido. De esas, 4.059 están recibiendo prestación o servicio y el resto (1.687) se encuentra en el llamado limbo de la dependencia, es decir, tiene reconocido el derecho pero sigue sin recibir nada. Hace poco más de dos años (en enero del 2012), los dependientes con derecho reconocido en la provincia eran 7.351 (4.376 recibían prestación y 2.975 estaban en el limbo).

Con las estadísticas oficiales en la mano la conclusión es clara: en los últimos dos años y medio, los recortes han expulsado del sistema a 1.605 dependientes de Castellón, a una media de casi dos dependientes al día. “La reducción en el llamado limbo no se debe a que estas personas hayan sido atendidas, sino a que o bien se les ha revisado a la baja el grado y han sido excluidos de sistema hasta 2015, o bien han muerto esperando ver reconocidos sus derechos”, aclara Carmen Santamaría, portavoz de la plataforma en defensa de la ley de dependencia de Castellón. “Los datos demuestran que la tasa de reposición es negativa, ya que la paralización absoluta del sistema hace que no haya nuevos dependientes con los que compensar los que mueren o salen”, añade.

La situación que viven los dependientes de Castellón es muy similar a la que sufren los de Alicante o Valencia. La Asociación de Directores y Gerentes acaba de hacer público un informe en el que se concluye que la valenciana es, junto a las Islas Canarias, la autonomía peor valorada por su gestión de la dependencia, con una nota de 1,3 sobre 10 puntos, situándose la media española en un suspenso (4,6). “En la Comunitat cada año perdemos 1.000 millones de inversión en dependencia y la consellera Sánchez Zaplana está desaparecida”, denuncian desde la plataforma. H