El martes, la Diputación pedirá al Gobierno que asuma la puesta en funcionamiento y amortización de las dos desaladoras de la provincia, actualmente paradas. Será en el pleno ordinario de agosto (que cada año se retrasa hasta inicios de septiembre), donde el equipo de gobierno llevará una moción que solicita explícitamente que el Ejecutivo central asuma el pago del funcionamiento y la amortización de la desaladora de Cabanes-Orpesa.
Con la iniciativa, los populares pretenden evitar que los vecinos de Orpesa, Benicàssim y Cabanes tengan que pagar las obras de la planta a partir de marzo, tal y como establece el convenio que se firmó en su día, ya que esta es la fecha en la que será obligatorio que entren en producción, o se tendrán que devolver las ayudas europeas (de unos 50 millones, indican desde la institución).
El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Vicent Sales, ha presentado la moción, en la que se insta al Ministerio de Transición Ecológica a que asuma a través de su presupuesto el coste total de la construcción de la desaladora, que asciende a unos 74 millones de euros. Sales asegura que es «inadmisible que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez obligue a los vecinos de Orpesa, Benicàssim y Cabanes» a asumir «los costes del fiasco por culpa del derroche caprichoso de Rodríguez Zapatero». El vicepresidente primero de la corporación provincial justifica así la moción, que espero que «se apruebe por unanimidad», porque la desaladora «va a suponer una sangría para los vecinos, cuando además no tienen ninguna necesidad de usar el agua desalada».
petición municipal // La iniciativa llega después de que a principios del verano, el pleno del ayuntamiento de Benicàssim ya pidiese al Gobierno que asumiera el coste del funcionamiento y la amortización de la obra de la planta de Cabanes-Orpesa. Poco después, los plenos de Xilxes y Moncofa hicieron lo propio, aunque la moción que va al pleno de la Diputación del martes no hace referencia a la planta del sur de la provincia. También los otros dos municipios, Cabanes y Orpesa, que tienen convenios firmados para abastecerse de agua de la desaladora, han mostrado su preferencia para que el Gobierno se haga cargo de unos costes inasumibles para las poblaciones.
La moción recuerda que en el 2008 se firmó por parte del entonces equipo socialista de gobierno municipal de Benicàssim y Acuamed el convenio para la financiación y suministro de agua desalada. Dicho compromiso se firmó dentro de la previsión de un escenario de desarrollo futuro y crecimiento urbanístico, que no se materializó, cuestión que no prevé el convenio. Fruto de ese convenio, se obliga a los ayuntamientos y a sus vecinos a asumir la infraestructura.
