El director general de Emergencias de la Generalitat, José María Ángel, aseguró ayer a este diario que las 80 personas que trabajarán en materia de prevención de incendios gracias al convenio firmado por la Diputación de Castellón y la Generalitat estarán en sus puestos «antes del verano». Es una solución para que las inversiones en materia de prevención lleguen al monte antes que el calor y los turistas.
Y es que la provincia tiene un problema forestal que urge solucionar. Son muchos los alcaldes de zonas rurales y agentes implicados que denuncian desde hace años la inexistencia de una política activa. A ello se suman ahora las consecuencias del temporal de nieve, lluvia y viento del pasado enero, que para muchos ya se puede calificar como el peor de los últimos 50 años. El resultado es que en muchos parques naturales y zonas boscosas del interior los pinos caídos se cuentan por centenares, lo que supone un aumento del riesgo de incendio ante la inminente llegada del verano.
¿Para qué sirve y qué medidas prevé?
Uno de los dos grandes objetivos del pacto entre Diputación y Generalitat --que ya está firmado por sus dos máximos representantes-- es la creación de empleo estable en los municipios del interior de la provincia. Para ello, se crearán 16 brigadas de cinco personas que se repartirán por todo el territorio. La intención de las dos administraciones firmantes es, según confirmó el propio Ángel, que estas contrataciones no sean temporales y que el acuerdo se renueve año tras año. Esta continuidad en el tiempo también permitiría dar cumplimiento a la segunda propuesta: mantener los bosques limpios y mejorar la seguridad en unos municipios en los que, en muchos casos, la población aumenta de forma considerable durante los meses veraniegos.
145.000 € para retirar pinos y un millón para caminos
El segundo departamento de la Generalitat implicado en la prevención de incendios es Medio Ambiente. En este caso, y aunque las fuentes consultadas por Mediterráneo apuntan a que las inversiones llegarán a tiempo, el detalle sobre los plazos brilla por su ausencia. En cambio, la reciente visita a Castellón de la consellera, Elena Cebrián, sirvió para confirmar algunas cifras. Así, el Consell sitúa en 2.400 las hectáreas afectadas por el temporal en la provincia, de las cuales 836 son de monte público. Para la retirada de árboles caídos se invertirán en la provincia 145.000 euros de los 1,7 millones presupuestados para toda la Comunitat, mientras que para la reparación de accesos, la cuantía rondará el millón de euros de los cuatro previstos para todo el territorio. Y es que, según Medio Ambiente, Castellón no es la provincia más afectada, ya que «solo en la zona de Utiel-Requena se calcula que hay más de 7.000 hectáreas afectadas».
Los alcaldes del interior, críticos con el Consell
La otra cara de la moneda es la situación que viven muchos alcaldes de localidades rurales, que en los últimos días han levantado la voz de alarma. La primera edila de Vistabella, Belén Bachero, ha enviado una carta a la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, en la que le solicita ayuda urgente para paliar un problema en forma de polvorín que afecta al parque natural de Penyagolosa, una de las joyas naturales de Castellón. No es la única en advertir de la cantidad de pinos caídos, pues también en zonas como la Serra d’Espadà, la Tinença de Benifassà, el Alto Palancia o el Alto Mijares viven con preocupación situaciones similares. El alcalde de Villanueva de Viver, Agustín Soriano, es de los que ante la falta de ayudas autonómicas ha contactado por su cuenta con una empresa. Con el permiso correspondiente tramitado, está a la espera del OK del Consell.
Peligro para los vecinos y amenaza para el turismo
Si los municipios rurales se movilizan es porque los riesgos para el territorio y las personas son múltiples. No es solo que el peligro de incendio se eleva por la gran cantidad de madera seca acumulada, sino también que muchos caminos y pistas forestales claves están cortados. Esto dificulta enormemente la tarea de los bomberos en caso de incendio forestal, pero también cuando se producen rescates de montaña. Así lo denuncia, por ejemplo, el munícipe de les Useres, Jaime Martínez; o el concejal de Medio Ambiente de Peñíscola, Alfonso López, que pide más implicación al Consell en materia de limpieza y mantenimiento de la Serra d’Irta. A todo ello se suma la mala imagen que dan los bosques en una provincia que ha hecho una gran apuesta por el turismo, especialmente en el interior y con la vista puesta en las opciones para generar empleo y evitar la despoblación.
¿Y las parcelas privadas?
Es una de las grandes preguntas, puesto que el dinero previsto por el área de Cebrián solo va destinado al monte público. Ramón Mampel, de la Unió de Llauradors, apunta que es «complicado» pedir a los propietarios que tengan cuidadas unas parcelas «de las que hoy en día es difícil sacar beneficios». Por su parte, la Generalitat no puede entrar en parcelas, y lo único que hace es aprobar las declaraciones responsables que presentan propietarios de fincas privadas para asumir su limpieza. Han tramitado 44 este año.
