A las empleadas de hogar les persigue una especie de maleficio. Y lo peor es que todo apunta a que su situación no mejorará, al menos en los próximos cinco años. El colectivo, compuesto mayoritariamente por mujeres, lleva demasiado tiempo soportando una situación de discriminación e invisibilidad laboral. No tienen derecho al subsidio por desempleo y el convenio colectivo sigue siendo una quimera para las 4.073 profesionales que en Castellón se desloman limpiando casas o atendiendo a ancianos, niños o discapacitados. Y en esta cifra no están todas las que son. Porque los sindicatos calculan que al menos un tercio no están dadas de alta en la Seguridad Social y, por lo tanto, trabajan en negro.

El último mazazo tiene nombre. O mejor dicho, número. Se trata de la enmienda 6777, presentada el pasado mes de mayo por el grupo popular a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta iniciativa parlamentaria retrasa cinco años (del 1 de enero del 2019 inicialmente previsto al 1 de enero del 2024) la equiparación del sistema de cotización de las empleadas de hogar al régimen general de la Seguridad Social y lo retrasa porque desde el PP se entendía que esa equiparación supondría una sobrecarga para las familias empleadoras. «Se posterga cinco años más una situación que ya es de extrema debilidad», apunta Tania Gaspar, presidenta de la Asociación de Personas Trabajaras del Hogar de Castellón, que no entiende por qué el colectivo no puede tener derecho a un subsidio de desempleo como el resto de trabajadores. «Necesitamos que no se nos olvide porque es un sector muy desprotegido y completamente desregularizado, donde unas trabajadoras cobran seis y otras diez», añade Gaspar.

LEY // Las empleadas domésticas dieron un paso importante en el años 2011, cuando arrancaron al Gobierno un compromiso para introducirlas en el régimen general de la Seguridad Social, pero como un sistema especial.

Desde esa fecha la ley obliga a todas las familias que cuentan con una mujer que limpia o plancha (aunque sea tres horas a la semana) a convertirse en empleadoras y darlas de alta en la Seguridad Social. No obstante, el sistema incluía menores derechos de los habituales y para asuntos como las cotizaciones se fijó un periodo transitorio que debía concluir el próximo año, y que ahora se pospone al 2024. Además, factores como la prestación por desempleo, la inclusión en una ley de riesgos laborales o fórmulas para evitar el despido libre sin protección quedaban fuera del alcance de estas mujeres y todo apunta que seguirá así.

El calvario continúa y hay grupos políticos que no se van a quedar con los brazos cruzados. Podem ha presentado en Les Corts una proposición no de ley (PNL) instando al Consell a que pida al Gobierno la equiparación de las empleadas de hogar con el resto de trabajadores. «También hemos pedido al Gobierno valenciano un plan de inspección laboral en el ámbito del trabajo doméstico, así como también un plan de formación en salud laboral», argumenta Irene Gómez, diputada de Podem por Castellón.

Entre las reivindicaciones del grupo parlamentario destaca también una campaña de sensibilización para que la ciudadanía valore más el trabajo de las empleadas de hogar, así como la creación en cada municipio de un censo de trabajadoras.