La portavoz del grupo municipal del PP, Begoña Carrasco, instó ayer a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, a que lleve a cabo la aplicación del «código de buen gobierno firmado por los concejales en el 2015 y aparte a la vicealcaldesa, de Compromís, que está investigada por presunta malversación de dinero público, de todos sus cargos».
El documento establece que en el supuesto de que algún miembro de la corporación pueda verse imputado en un presunto delito de corrupción política «será apartado de toda representación que ostente en cualquier órgano colegiado de gobierno o administración del Ayuntamiento, consultivos, patronatos municipales, administración de los entes, fundaciones, sea cual sea su naturaleza en los que el Ayuntamiento participe y del que formen parte por designación del portavoz de su grupo municipal o por acuerdo de cualquier órgano municipal. Asimismo, si forman parte de la junta de gobierno local, ostenta la condición de teniente de alcalde o concejal delegado de área de gobierno o cualquier otra delegación... se procederá a la revocación inmediata de las mismas». No obstante, Marco contestó a Carrasco y manifestó que si un concejal del equipo de gobierno es imputado por corrupción «se aplicará el código del buen gobierno y este no es el caso», a pesar de que Ali Brancal declaró en calidad de investigada --antes imputada--, tal y como queda reflejado en la propia diligencia previa.
Por otra parte, el PP autonómico pidió que Nomdedéu, imputado en esta causa, deje el Servef por su implicación en un presunto delito de malversación.
