La Conselleria de Sanidad distribuyó ayer a las direcciones territoriales de Educación, Sanidad y Bienestar Social de Castellón una instrucción en la que desaconseja el uso del cigarrillo electrónico en centros sanitarios, centros docentes y centros dependientes de bienestar social por precaución. La medida entrará en vigor a medida que los centros vayan recibiendo la instrucción.
Se trata del primer paso dado por la Conselleria de Sanidad en relación con este fenómeno en auge. Hace un mes la Administración autonómica aseguraba que no iba a prohibirlo a la espera de instrucciones del Ministerio de Sanidad. Después rectificó y anunció que, si en un mes el Ministerio no intervenía, tomaría medidas. Antes de terminar el plazo, ha decidido mover ficha.
Es más barato que el cigarrillo y por ahora no está sujeto a la ley antitabaco, lo que ha disparado los puntos de venta. Se comercializa en estancos, tiendas especializadas e incluso en farmacias.
Sanidad reconoce que en estos momentos existe una indefinición normativa sobre su naturaleza, como producto derivado del tabaco o como medicamento.
La recomendación de la Conselleria de Sanidad será de aplicación solo en espacios públicos donde las personas pueden ser más sensibles a los posibles perjuicios que el vapeo pudiera causar, como colegios, residencias y hospitales o centros de salud, en los que se desaconseja su uso, según informaron ayer fuentes del Consell. Alegan que es una recomendación, no una prohibición ya que no se puede sancionar.
No obstante, la Generalitat reitera que sigue la espera de las conclusiones del grupo de expertos del Ministerio de Sanidad. Reconoce que no hay evidencias concluyentes ni una norma básica al respecto, por lo que ha aplicado el “principio de precaución para emitir esta instrucción preventiva”. De esta manera, el Consell se queda a medio camino frente a otras autonomías como Andalucía o Cataluña, que han sido más contundentes. En esta última comunidad lo van a equiparar al tabaco. H
