Tras anunciar que modificaría la ley de Costas de 1988, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, concretó ayer en el Congreso de los Diputados cómo se aplicaría esta medida, un extremo que se vigila con lupa desde la provincia de Castellón, la segunda de España que más sufre la degradación del litoral.
En este sentido, Arias Cañete aseguró que el cambio tiene dos objetivos: mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa (los propietarios de viviendas en el punto de mira de los derribos) y hacer compatible la protección del espacio natural con una actividad económica generadora de empleo y sostenible (los chiringuitos).
Asimismo, afirmó que se cumplirán las exigencias del informe Auken, aprobado por el Parlamento Europeo, que instaba a revisar o variar la normativa “para proteger los derechos de los dueños de los inmuebles y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en la costa que no tienen un impacto negativo” sobre esta.
En cuanto a aplicación del reglamento, este se realizaría de una manera “homogénea” en todas las comunidades “y no de una forma arbitraria como se hizo en la errática aplicación e interpretación de la ley vigente por parte de gobiernos socialistas en zonas litorales”. También prevé un modelo de gestión en el que “se respetará el reparto competencial establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía”.
Precisamente uno de los temas que más preocupa en Castellón son las órdenes de derribo, ya que hay más de 600 casas situadas en zona de dominio público marítimo debido a la erosión. Si en un principio estaban ubicadas fuera del área público, la regresión marina ha hecho que la superficie haya ido perdiendo terreno y la línea de deslinde haya ido trasladándose hacia el interior, lo que ha situado estas viviendas en primera línea del litoral. Por esta razón, desde la provincia se pide que se luche contra este fenómeno y se preserven los derechos de los dueños de los inmuebles, ya que “no son los culpables” de la paulatina y feroz degradación.
LAS REACCIONES // Tan solo una semana después de que la Plataforma provincial de afectados por la ley de Costas se reuniera para perfilar la estrategia con el nuevo Gobierno, este nuevo impulso a la normativa ya ha desencadenado reacciones en Castellón.
La diputada nacional Andrea Fabra mostró su “satisfacción” por la noticia, ya que “el Gobierno está tomando la dirección que toca y, con toda seguridad, atenderá todas las sensibilidades”.
No obstante, afirmó que “Castellón estará muy pendiente del proceso y de los cambios que se introduzcan, aunque se corregirán los errores ya cometidos”.
Por otro lado, el diputado provincial, alcalde de Nules y representante de la plataforma de afectados de Castellón, Mario García, se congratuló de las afirmaciones de Cañete y las interpretó como una recompensa “al trabajo y esfuerzo realizado por salvar las viviendas y proteger el litoral”. “Por fin se está haciendo caso de nuestras reivindicaciones y respetando los derechos adquiridos por los dueños”, concluyó. H
