El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, ha movido ficha. El juez ha citado a declarar al primero de los 18 imputados por presunta prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Se trata de Jesús Gómez de las Heras, quien deberá comparecer el 19 de octubre en las dependencias judiciales, como coordinador y firmante de un informe emitido por el Instituto Geológico y Minero español (IGME) en enero del 2007 que no apreció riesgos sísmicos y concluyó que “la estructura del Castor era apta para almacenar gas natural en las condiciones técnicas de operación descritas en la memoria técnica presentada por Escal UGS”, como consta en el auto del 26 de enero del 2015 del juzgado de Vinaròs.
El mismo documento judicial recoge que el 31 de enero del 2006 la mercantil solicitó la concesión de la explotación de almacenamiento subterráneo situado frente a las costas de Vinaròs. Por ello, el entonces director de Política Energética solicitó un informe al IGME, que se emitió en enero del 2007. En él se indicaba que la estructura del Castor se entendía apta para almacenar gas.
El trabajo lo firmó Gómez de las Heras, primero en declarar en la causa. Pero también lo rubricaron el director general, José Pedro Calvo; y los directores de Recursos Minerales y Geoambiente, José A. Fernández; y de Geología y Geofísica, L. Roberto Rodríguez; y el director general de Política Energética y de Minas, Jorge Sanz, también imputados y que, previsiblemente, serán los siguientes en comparecer ante el juez.
A la vista de este informe que validó la viabilidad del proyecto, el Consejo de Ministros, a propuesta de Sanz, otorgó la concesión de explotación, habilitando a Escal UGS a usar la estructura subterránea. Además, se dictó resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático en octubre del 2009 por la que se formuló la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable.
El auto también dirige sus acusaciones contra cinco altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto y contra los responsables de Escal UGS, que no aportó estudios requeridos. H
