Hay un refrán muy valenciano que dice que els diners i els collons són per a les ocasions. La Generalitat Valenciana ante la ausencia de lo primero, decidió poner en valor lo segundo, y ha sido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana quien le ha dicho que las cosas no se hacen por bemoles.
El cuatro de marzo del 2016, la Generalitat aprobó los decretos por los que se fijaban las directrices de coordinación, para el ejercicio de las funciones propias de las diputaciones provinciales en materia de turismo y deporte. Desde el primer momento la Diputación de Castellón manifestó su oposición frontal a dos normas que significaban a todas luces, no la voluntad de coordinación, sino la injerencia en la autonomía de la propia Diputación.
Dicen desde la Generalitat que lo más importante es la coordinación, la unidad de acción y el diálogo, para evitar que haya duplicidades entre administraciones. Totalmente de acuerdo. Pero ese diálogo y esa coordinación han existido siempre y existen en la actualidad. El propio secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, es vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación, donde se aprueban las acciones de promoción turística siempre por unanimidad.
Pero poca coordinación puede haber cuando los decretos de marras de lo que hablaban era de que una administración --la Generalitat-- era quien tenía los votos para decidir qué políticas turísticas y en materia deportiva había que hacer, y quién debía pagarlas. No solo es una injerencia en la autonomía de decisión de las diputaciones, sino que además permitía disponer libremente del presupuesto de unas administraciones que están para trabajar por el territorio, por las personas y por los ayuntamientos, especialmente por los más pequeños, y no para ser el ‘pagafantas’ de los caprichos de la Generalitat.
Y así lo ha debido ver el TSJCV al entender que los decretos de turismo y deportes vulneran el contenido del Estatuto de Autonomía en el punto en el que establece que la coordinación con las diputaciones debe implicar también colaboración financiera. Si lo habrá visto claro, además, que ha condenado en costas -3.000 euros- a la propia Generalitat.
Si el Consell mantiene la línea del Botànic de poner en su proa el ataque a las diputaciones, en lugar de velar por el interés de los castellonenses, al presidente Moliner y a su equipo de gobierno siempre nos va a encontrar enfrente, luchando por los intereses de nuestra provincia frente a las injerencias e imposiciones del cap i casal.
Así que diálogo sí, coordinación sí, pero desde la lealtad institucional, desde el respeto entre administraciones y siempre desde la voluntad de consenso y no desde la imposición. Cuando las cosas se hacen ‘per collons’ siempre acaba apareciendo alguien que los tiene más grandes que tú y éste no es otro que un tribunal de justicia.
*Vicepresidente de la Diputación Provincial de Castellón
