Los ayuntamientos son instituciones de cercanía, el espacio al que la ciudadanía acude en primer lugar para buscar solución a los pequeños y grandes problemas que se les presentan en el fragor de su vida cotidiana. Son la gran casa de quienes se sienten parte de la misma comunidad. Por eso, quienes estamos al frente de los ayuntamientos reclamamos con determinación todos los recursos y los medios necesarios para lograr una financiación municipal justa que permita desarrollar esa gestión cercana de la forma más rentable y eficiente.
DESDE LA ALCALDÍA de Castellón se trabaja con la mirada en ese horizonte. Ante todas las administraciones públicas, al margen del signo político de sus gobiernos. Lo hicimos ante el Ejecutivo que presidió Mariano Rajoy y lo hacemos ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando alguien ha recibido la responsabilidad de estar al frente de la institución municipal debe tener claro que por encima de las siglas están el presente y el futuro de la ciudad a la que representa.
Creo que con el presidente Sánchez, los ayuntamientos recibirán la atención que se merecen. Hay una voluntad inequívoca de impulsar una nueva gobernanza de los municipios. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del PP dañó la capacidad de gestión local. Ahora, los cambios anunciados por el Gobierno central en las competencias municipales permitirán a los ayuntamientos mejorar la atención a la ciudadanía.
Los gobiernos municipales hemos demostrado solvencia y capacidad de gestión para solucionar los problemas de la ciudadanía y no podemos ser castigados por ser eficaces y mejorar la atención y los servicios públicos esenciales.
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha anunciado la elaboración y presentación de una ley de medidas urgentes para devolver a los ayuntamientos las competencias que les fueron recortadas con la ley de 2013. Fue un ataque desproporcionado en el epicentro de la crisis, cuando quizá hubiera sido necesario reforzar su papel como dinamizador de la economía y cohesionador de la sociedad. La reforma local del anterior Gobierno redujo de forma notoria el ámbito de autonomía de los municipios y asfixió su capacidad económica y presupuestaria para abordar servicios y proyectos públicos.
El Ayuntamiento de Castellón ha demostrado que cumple con el control presupuestario y el ajuste de la deuda, por lo que puede asumir proyectos relacionados con la mejora de la calidad de vida ciudadana. Compartimos el criterio de la ministra, en el sentido de que es preciso impulsar una reforma en profundidad de la administración local, aunque somos conscientes de que la falta de una mayoría parlamentaria puede frustrar el cambio legislativo. Mientras tanto, pedimos al Gobierno que plantee medidas urgentes para recuperar competencias y permitir que los municipios con superávit presupuestario, como Castellón, puedan dedicarlo no sólo a gastos de inversión, sino también a la mejora de los servicios públicos esenciales para la gran mayoría. Tenemos capacidad, disposición y energía para hacerlo. Y estoy convencida de que será posible.
*Alcaldesa de Castellón
