Hoy me toca volver a escribir sobre el decreto del chantaje lingüístico de Marzà y es que no hay día en el que no tengamos una nueva sorpresa con la aplicación de esta norma tan retorcida y malintencionada. Es increíble la forma de presionar a las familias y a los equipos directivos para que escojan el máximo de valenciano posible. El otro día me comentaba un director angustiado: «¿cómo no vamos a elegir el máximo de valenciano? ¡No tenemos otra alternativa! ¿Cómo voy a consentir que mis alumnos tengan un menor nivel de inglés y no certifiquen y en los otros colegios del barrio sí lo hagan? Esto es una coacción en toda regla, no tenemos opciones».

Los padres y madres no lo tienen mejor. Estamos viendo a miles de familias interponiendo quejas, recursos y saliendo a la calle para reivindicar su derecho a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos. ¡Qué miedo le tiene este Consell a la libertad y qué poco les gusta escuchar la voz de un pueblo! Con lo que desgastó la izquierda valenciana el poema de Vicent Andrés Estellés en campaña electoral cuando repetían: «assumiràs la veu d’un poble, i serà la veu del teu poble i seràs, per a sempre, poble». ¿Qué ha pasado en dos años? ¿La voz del pueblo sólo hay que oírla cuando lo que dice comulga con tu ideario? Es evidente que la voz de las familias no interesa ni al president Puig, ni a Oltra, ni a Marzà… A ellos lo que les importa es seguir con su hoja de ruta pancatalanista. Esa es la prioridad, todo lo demás, minucias.

En el último pleno de Les Corts Valencianes, Isabel Bonig, como síndica del Grupo Parlamentario Popular, le preguntó al presidente de la Generalitat que si un tribunal consideraba que el decreto del chantaje lingüístico vulneraba derechos fundamentales, alguien asumiría responsabilidades políticas. Por si les interesa les diré que el presidente Puig no contestó. Pero estamos ante un tema de vital importancia, alguien deberá asumir responsabilidades políticas por la imposición de una norma que crea alumnos de primera, los «avanzados» y de segunda, «los básicos». Alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas por extorsionar a las familias y a los directores y alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas por aprobar un decreto a sabiendas de que vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía. No pararé de preguntarlo ¿quién se va a hacer responsable de este desficaci lingüístico?

Lo he dicho muchas veces, y las que me quedan… En estos momentos la educación está en manos de Compromís, un partido nacionalista y radical que considera la lengua (el catalán para más inri) como la flama sagrada. Sin ella no hay nación catalana ni Països Catalans. La lengua es su razón más poderosa. Y está política extremista es la que están llevando a nuestras escuelas. En algún momento se les parará los pies y en ese mismo instante pediremos responsabilidades, que no les quepa duda. Marzà, prepara la maleta.

*Diputada autonómica del PP