La próxima semana el gobierno local de Castelló llevará al pleno municipal, para su debate y votación, la primera de las modificaciones presupuestarias que debe afrontar el nuevo ejecutivo. Ha pasado poco más de un mes desde el cambio político y con la mayor de las urgencias hemos impulsado esta modificación de créditos para poder financiar operaciones y gastos por valor de 2.135.000 euros. De un lado, se han de cubrir legalmente determinadas partidas que no habían sido previstas por el gobierno anterior, como una parte del consumo eléctrico en alumbrado público y dependencias municipales, excesos de obra en el complejo deportivo Gaetà Huguet o la limpieza de algunos centros escolares. También el sobregasto derivado de la perversa compulsión propagandística de los anteriores dirigentes del ayuntamiento, que desbordaron en solo cinco meses su propia previsión para financiar campañas institucionales convertidas en propaganda partidaria durante las últimas semanas de su mandato.
Por otro lado, ha habido que reponer a toda prisa créditos en partidas agotadas para poder afrontar determinadas necesidades durante el segundo semestre de 2015. Así, en programas de atención a situaciones de emergencia social, que afectan a miles de ciudadanos y ciudadanas víctimas de la crisis; o en aquellos destinados a la promoción cultural, que fueron literalmente liquidados por la hiperactividad impulsada desde el gobierno de Bataller ante las malas perspectivas que les auguraban las previsiones electorales.
Esta es la razón de los cambios presupuestarios que vamos a tratar en el pleno municipal el próximo jueves y para lo que esperamos contar con el mayor respaldo político posible. Con la finalidad de atender las obligaciones que otros contrajeron con proveedores, contratistas y acreedores, por supuesto. Pero también, y muy especialmente, para afrontar desde el primer momento nuestros compromisos con la ciudadanía.
Decía esta semana uno de los jefes popularistas castellonenses, el concejal Sales, que la suya había sido una gestión “intachable” y que habían legado al gobierno de progreso una situación envidiable. Esa gestión intachable es la misma que ha dejado pendiente de pago más de 16 millones de euros o una deuda municipal de 115 millones. O la misma que renunció a exigir a la Generalitat Valenciana los casi nueve millones que debe a nuestro ayuntamiento. O la que dio instrucciones para retrasar el cobro del IBI y no hacerlo coincidir con las elecciones de mayo… Nada nuevo. Viejas palabras. Ahora tenemos nuevas prioridades. H
*Concejal de Gestión Municipal del Ayuntamiento de Castellón
