Estos días los jóvenes valencianos han demostrado que están más vivos que nunca, que no se resignan a perder una educación pública de calidad y que no se dejan amedrentar por el autoritarismo, por mucho portavoz del Partido Popular que insinúe, como ayer mismo, que los directores cortan la calefacción adrede para sacar a los padres a la calle.
Mariano Rajoy, que había prometido la felicidad el día después de su victoria, ahora se parapeta en la crisis para hacer exactamente lo contrario de lo que prometió. Ya hemos constatado que la confianza no ha sido esa vitamina salvadora y, a renglón seguido, sube los impuestos a los trabajadores y clases medias, rompe la convivencia laboral y consiente la violencia contra quienes legítimamente se manifiestan.
El horizonte que describe el PP gobernante no puede ser más desolador. La contrarreforma emprendida en todos los ámbitos adquiere la peor de las versiones en las relaciones laborales. La propuesta planteada en el BOE rompe con el equilibrio entre empresarios y trabajadores, se instala en facilitar el despido y abre la puerta a la des-regulación absoluta a favor de una parte.
Ayer un importante despacho de asesores de empresa de Madrid anunciaba a todo lujo que “por fin, ya ha llegado el despido libre y gratuito”. El Gobierno que había prometido que no abarataría el despido ahora va a acabar prácticamente con el despido improcedente porque da todo un catálogo de posibilidades para echar a los trabajadores.
Nadie ha dicho que no haya que mejorar la eficacia de nuestro mercado de trabajo. Ciertamente las organizaciones empresariales y los sindicatos firmaron un acuerdo a principios de año que partiendo de la fuerza del acuerdo limitaba los salarios y abría las puertas a la flexibilización para que la rescisión definitiva de contratos fuera la última opción. Sin embargo, el gobierno ha dado un golpe de mano que va a poner en crisis la convivencia en las empresas y en la propia sociedad. Y lo ha hecho además con un ejercicio de cinismo notable intentando desprestigiar a los sindicatos con la irresponsabilidad de quien debe preservar la legitimidad de todos los actores que consagra la Constitución.
Todas las medidas apuntan a la recesión. Todas las acciones se dirigen a menoscabar la capacidad de consumo y, por tanto, nos alejan de la recuperación. Se puede y se debe mejorar el marco de relaciones laborales pero el problema hoy se llama actividad económica. Si no se cambia el modelo productivo, si no se prioriza la inversión en investigación, desarrollo tecnológico, apoyo a la exportación y respaldo inequívoco a la economía real, habrá más paro, cerrarán más empresas y se agudizarán las tensiones sociales.
La contrarreforma que en todos los ámbitos comparten el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, representan un paso atrás en la economía social de mercado y la liquidación del modelo social europeo. Ése no es el camino.
Y, además, aquí cada día nos despertamos con el terrible hedor de la corrupción que ha invadido en la última década las instituciones valencianas.
Así, no. Ningún valenciano debe quedarse indiferente. Hay que levantarse y tomar partido.
Hay alternativa. H
