Pese a que se esperaba dar carpetazo a un asunto de lo más espinoso, la comisión de investigación de la relación del Ayuntamiento con la empresa Piaf se vuelve a alargar después de que ayer no se pudieran extraer las conclusiones definitivas.

La razón, según reveló el presidente de la gestora, Alberto Ibáñez, es que el exalcalde Juan José Rubert “no ha respondido a ninguna de las 25 preguntas formuladas”. En la sesión estaba previsto que se analizaran las explicaciones de Rubert, pero estas se limitaron a decir que “no está obligado a contestar, que ya respondió al PSOE en la anterior legislatura durante el turno de ruegos y preguntas en los plenos y que ya dio explicaciones a la Fiscalía”. “Nos parece una burla democrática y una estafa institucional”, ya que, “si se le pregunta algo, debe decírnoslo”. La comisión se ha vuelto a convocar para el próximo martes, 5 de agosto. “Esa es la fecha límite para que responda, es la última oportunidad que le damos”, aseveró.

Y es que indicó que, “a la menor duda o sospecha de que hay algo ilegal, enviaremos el expediente a los tribunales y que decidan”.

“Solo queremos que hable, o en persona o por escrito”, aseveró, recordando que se le ha inquirido por cuestiones como la factura de 374 euros “por el arreglo de una rueda de la silla del primer edil, para lo que se empleó a varios trabajadores y un camión de 10 toneladas”, o “la remodelación de la segunda planta del ayuntamiento, que se hizo sin licitación y con reparos de Intervención”.

El ente analiza los recibos irregulares de la empresa por valor de 600.000 euros, entre los que se encuentra la obra de la nueva comisaría de la Policía Local, la cubierta del trinquete o el montaje de un escenario para un desfile solidario de una oenegé.

VOTO NEGATIVO // Por su parte, desde el PP local (que votó en contra de la convocatoria de una nueva reunión) indicaron que van a pedir un “informe urgente al secretario de la corporación que determine si las comparecencias de Rubert son válidas y si llamarle una y otra vez es lógico”.

El representante popular en la mesa, Javier Nácher, señaló que esta “no tiene en absoluto la vocación de dirimir ninguna responsabilidad política, ya que han pasado todos los testigos”.

También recordó que la Fiscalía “archivó el caso” y que “un informe decía que Rubert no estaba obligado a declarar. Aunque lo ha hecho. Otra cosa es que su respuestas no les gusten a los socialistas y compañía”. H