Hasta 9.685 funcionarios de la provincia de Castellón en situación de interinidad, según los últimos datos disponibles, podrán consolidar su plaza a partir de finales de año sin necesidad de opositar siempre que lleven más de 10 años ocupando el mismo puesto de trabajo con el objetivo de acabar con la alta temporalidad.

La medida se incluirá en la tramitación del decreto ley de estabilización del empleo público como proyecto de ley y consiste en eximir con carácter excepcional a las personas interinas con una década de antigüedad de realizar una oposición siempre que superen el concurso de méritos.

Hasta el 55%

Y es que el colectivo sostiene la reiterada crítica de un «abuso de temporalidad» por parte de la administración, pues en algunos sectores llega a afectar hasta el 55% de la plantilla, cuestión que puede corregirse en gran parte gracias a dicho acuerdo.

Sin embargo, la implementación todavía se dilatará en el tiempo. El primer plazo consiste en completar la tramitación de la ley por el procedimiento de urgencia, algo que esta previsto para el mes de octubre. No obstante, a partir de ahí se sucederán otros plazos para las adaptaciones de la norma estatal a los niveles inferiores de la administración, desde la Generalitat valenciana en este caso, hasta la Diputación de Castellón y los 135 municipios de la provincia, así como otros organismos de carácter público. Todo hace pensar, por tanto, que la puesta en marcha del mecanismo dista bastante de ser inmediata.

Cobertura jurídica

La reacción de los sindicatos es todavía cautelosa y advierten sobre las cuestiones que quedan ahora por resolver. La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castellón, Elia Bodí, pone la vista sobre el complejo encaje legal: «El Gobierno debe ahora dar el suficiente respaldo jurídico a la decisión, no sea que luego acabe anulada por parte de la Unión Europea o en los tribunales por algún recurso», detalla.

A esto se suma el desarrollo concreto de la aplicación: «Todavía hay que perfilar cada una de las casuísticas, porque igual se da el escenario de una persona que lleva 20 años dando saltos entre tres puestos distintos pero no en una misma plaza, pese a ser en la misma administración e incluso servicio», comenta Bodí. También el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) en la provincia, Manolo Martínez, apunta que estarán «vigilantes» ante el desarrollo normativo y que en él «se respeten los principios de capacidad y méritos».

Múltiples ámbitos

Otro de los condicionantes será la multiplicidad de sectores que abarcará la regulación y las particularidades de cada uno. Los docentes serán unos de los colectivos afectados, por lo que la Conselleria de Educación, según confirmó este jueves el responsable del área, Vicent Marzà, aguarda a conocer más detalles: «Quedamos que sería el ministerio quien desarrolle un grupo de trabajo para ver que aplicación tiene que tener el acuerdo en caso de que se acabe aprobando», señaló en un acto celebrado en Castelló, a la vez que incidió en que «por ahora no tiene una aplicación directa».

Mientras, desde el Sindicat de Treballadors de l’ensenyament del País Valencià (Stepv), recuerdan la extensión de la norma a otro ámbito que venía reclamando medidas desde tiempo atrás como el del profesorado universitario, donde las contrataciones de interinos son habituales en figuras como la de los asociados.

Habrá que aguardar hacia final de año para conocer el devenir de la ley y, como indican desde los sindicatos, la forma en que la reciben colectivos como las personas que preparan este momento unas oposiciones: «Es un tema muy serio y que seguro que levantará muchas discrepancias durante su concreción», concluye Martínez, a la expectativa de los próximos pasos a llevar a cabo.