La ley de vivienda no entrará en vigor hasta dentro de un año, pero ya ha levantado ampollas. Y todo porque uno de los puntos que contempla la futura normativa establece que los grandes propietarios de pisos en España estarán obligados a bajar el precio del alquiler en las zonas tensionadas y a los particulares a congelarlos. El PP ya ha anunciado que no lo aplicará en los municipios y comunidades en las que gobierna y la patronal autonómica CEV lo considera «una intromisión de la Administración en una cuestión privada».
La futura norma no gusta a todo el mundo y serán las comunidades autónomas las que deberán solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado para aplicar una medida que afecta a los propietarios de más de diez viviendas. Y en Castellón quienes tienen a su nombre más de una decena de inmuebles son más de 5.200, el grueso empresas o entidades jurídicas.
Los siete municipios de Castellón que pueden quedar afectados por la futura Ley de Vivienda del Gobierno
Aunque la inmensa mayoría de los propietarios de la provincia tiene a su nombre un solo bien inmueble o como mucho dos, los últimos datos de la Dirección General del Catastro revelan que hay 5.208 que poseen más de once, una cifra que incluye desde las viviendas que podrían ser reguladas por ley, pero también oficinas, locales, terrenos urbanos o garajes. En el conjunto del país son 290.758 los propietarios de 10 o más inmuebles urbanos, sin tener en cuenta la información del País Vasco y Navarra, que al contar con sus propias agencias catastrales no aparecen en los registros del organismo que depende del Ministerio de Hacienda.
De esos algo más de 5.200 grandes tenedores de la provincia, el 86% posee entre 11 y 25 bienes (4.479 en cifras absolutas), mientras que solo 433 cuentan con entre 26 y 50 bienes. Por último, quienes tienen a su nombre más de 500 propiedades son 296, siempre según datos del Catastro.
Incentivos para frenar los precios
La futura normativa no obligará a los pequeños propietarios a topar los precios del alquiler, pero sí contarán con incentivos que ayudarán a contenerlos. Las personas físicas, por ejemplo, podrán beneficiarse de deducciones fiscales vía IRPF si acceden a bajar el alquiler al inquilino. Unas desgravaciones podrán llegar hasta el 90%.
La de vivienda entrará en vigor cuando culmine su tramitación parlamentaria, pero no en su integridad, porque el Gobierno se dará 18 meses para construir un índice de precios de referencia «sólido, robusto», tirando de los datos de los que disponen sus distintos departamentos y, posiblemente, de aquellos que cuelguen de comunidades y ayuntamientos.