La implantación de la exigencia del pasaporte covid de vacunación en Castellón y el conjunto de la Comunitat Valenciana cuenta ya con el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat que solicitó el Consell con tal de afrontar la puesta en marcha de esta herramienta con las máximas garantías jurídicas posibles.
La posición de los letrados resulta favorable, aunque establece diferentes condiciones al ejecutivo autonómico, como definir los sectores que resultarán afectados y los espacios interiores, así como fijar una duración temporal determinada al tener que condicionar la restricción a la evolución de la pandemia de covid.
Esta resolución supone un nuevo paso en la activación del uso generalizado del certificado que, tal y como concretó este jueves el president, Ximo Puig, está previsto que culmine la próxima semana con el visto bueno desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), siguiendo así la fórmula adoptada meses atrás para disponer otro tipo de restricciones para hacer frente a la pandemia. Aunque faltará también la aprobación de la Fiscalía, todo apunta a que la medida saldrá adelante, pues hasta la fecha el máximo órgano judicial de la autonomía ha aceptado todas las peticiones del Consell.
Sin restricciones
El president se reafirmó este jueves en su voluntad de descartar la imposición de restricciones y «actuar con todos los instrumentos que tenemos» con el objetivo de dar la «máxima seguridad» en espacios donde haya poca ventilación o más contacto sin mascarilla. De hecho, Puig dio por hecho que «con toda claridad habrá espacios donde los no vacunados no entrarán», por lo que rogó a estas personas que «den un paso adelante a favor de su vida, su familia y toda la sociedad», pues como señaló, las personas que ingresan en hospitales con mayor gravedad están sin vacunar.
No obstante, el jefe del Consell evitó concretar los espacios que deberán requerir el certificado para acceder, pues según explicó, se «trabajará para ajustar bien y redondear» estos lugares para evitar un varapalo judicial, como el ocurrido en autonomías como Canarias y Andalucía. Así Puig sigue el camino de Catalunya, que sí cuenta con el aval de los tribunales.
De hecho, el president aseguró que se está hablando con los sectores que puedan estar afectados y se seguirán las recomendaciones de los científicos y de Salud Pública, porque «no hay una solución única, definitiva», y el pasaporte digital «es un instrumento más» contra la pandemia.
Alternativa
En la misma línea se pronunció la consellera de Sanitat, Ana Barceló, quien erigió el pasaporte covid como alternativa a limitaciones más duras: «O vamos a restricciones o podríamos ir a otra solución, como es la del certificado», señaló, a la vez que añadió que «como dijo el president las restricciones son duras y llevamos mucho tiempo con ellas».
