La gestión hídrica fue la principal valedora del regreso del clima de consenso, más allá de algunas diferencias, al pleno de este martes de la Diputación de Castellón tras la bronca sesión anterior dedicada al debate sobre el estado de la provincia.
Todos los grupos políticos con representación en la corporación apoyaron el convenio con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar), dependiente de la Generalitat, por valor de 6,25 millones de euros, para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en instalaciones de depuración. En concreto, esta acción conllevará que la Epsar financie el 90% de la inversión para 30 intervenciones que beneficiarán a 66 localidades a lo largo de Castellón.
Garantía en toda la provincia
El presidente de la Diputación, José Martí, destacó que «queremos garantizar la depuración de las aguas en todo el territorio, también en los núcleos de población diseminados, porque queremos una provincia con calidad de vida, verde y sostenible». Por su parte, el diputado de Sostenibilidad, Ignasi Garcia, también puso de manifiesto la importancia del acuerdo, ya que «incrementará, mantendrá y mejorará nuestra infraestructura de depuración, básicamente para poder cuidar nuestros ríos y acuíferos, y garantizará la biodiversidad en nuestro medio ambiente».
Al mismo tiempo, el pleno, también de forma unánime, sacó adelante la definición de la red estratégica de abastecimiento de agua potable y el anteproyecto de interés general, dentro del Plan Director del Agua, lo cual fija las bases para acometer futuras inversiones en este campo que pretende garantizar el suministro en todos los rincones del territorio.
Reivindicación de la unidad
El propio Martí reivindicó la unidad en el seno de la Diputación durante la sesión: «Más allá de las divergencias me parece importantísimo que hayan sido cinco las declaraciones institucionales donde ha habido consenso», dijo el presidente. Y es que, los diputados volvieron a votar de forma conjunta en las propuestas centradas en reclamar la reforma del sistema de financiación autonómica, urgir la entrada en servicio de la unidad de trasplantes renales del Hospital General, pedir más acciones sobre salud mental, apoyar al Ayuntamiento de Montanejos ante la Confederación Hidrográfica del Júcar y rechazar la violencia machista.
Pese a que el clima de consenso volvió a predominar en el palacio provincial de Les Aules, dos mociones impulsadas por la oposición, relativas a la consignación de los Presupuestos Generales del Estado del 2022 para la provincia de Castellón y la actividad cinegética, ambos temas en los que la corporación carece de competencias, volvieron a provocar un choque entre el ejecutivo y la oposición.
La caza protagonizó el primer debate de la sesión, quedando desestimado el texto propuesto por PP y enmendado por Ciudadanos. Los populares acusaron a las formaciones del equipo de gobierno de «criminalizar» la actividad cinegética y urgió a «salir en defensa de una actividad tan arraigada en la provincia». Mientras, Cristina Fernández (Ciudadanos) puso de manifiesto «el desarrollo económico que genera la caza y revierte en las comunidades rurales».
Por su parte, Pau Ferrando (Compromís) respondió que la oposición «solo quiere su momento de gloria» y Santi Pérez (PSPV) criticó que el PP impulse una moción «alejada de las peticiones realizadas desde la propia federación de caza». Unos reproches que regresaron en el último punto del pleno, con otra moción de los populares, donde pedían más inversión del estado en los presupuestos para Castellón. Fernández urgió a ir unidos a Madrid para «defender lo que es justo para la provincia», mientras PP y PSPV tiraron en cara la inversión realizada en el territorio desde cada uno de sus Gobiernos centrales; y Ignasi Garcia (Compromís) pidió «dejar de lado los intereses partidistas».
Mientras tanto, el presidente, José Martí, seguirá a la caza de los consensos. Tal y como avanzó en la sesión, está previsto que este miércoles mantenga una nueva reunión con los grupos de la oposición para tratar de sumar apoyos a sus presupuestos provinciales para el 2022.
