La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Aerte solicita a la consellera de Igualdad Mónica Oltra un plan de colaboración público privada con financiación a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea complementario al plan Convivint para cubrir las plazas de residencias de mayores que faltan allá donde no llegue la administración ante el déficit existente.

La provincia de Castellón tiene un déficit de 2.155 plazas en residencias para estar en las ratios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la (OMS) debería haber oferta suficiente para atender a un 5% de la población mayor de 65 años. Un colectivo que en la provincia de Castellón suma 109.102 personas. De acuerdo con esa ratio debería haber 5.455 puestos geriátricos en Castellón, pero la oferta actual se sitúa en torno a 3.300. Y la media española es del 4,2%, por lo que para estar en el promedio estatal faltarían 1.282.

Plan Convivint

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas presentó el plan Convivint que plantea la construcción de nueve centros residenciales nuevos en la provincia. Aunque no especifica el número de plazas, teniendo en cuenta el ejemplo de Sant Mateu --66--, calculando una media de 70 puestos por centro supondría 630 nuevas. Por tanto, a juicio de Toro, si el plan se desarrolla adecuadamente y construyen todas las previstas seguiría habiendo un déficit de 1.525 plazas para llegar a la ratio de la OMS y de 652 para llegar a la media española. De hecho, el plan de Conselleria quiere residencias de menor tamaño que no superen los cien usuarios y fortalecer el modelo asistencial en casa y con ayuda a domicilio.

Deficiente planificación

Toro indica que la Conselleria no ha planteado ningún programa complementario al Convivint, por lo que se dejará de atender a muchísimas personas que no tendrán una plaza en un centro por una deficiente planificación aun cuando muchas personas se queden en sus casas, pues además el envejecimiento de la población va a ir a más. "Los fondos Next Generation podría ser una buena oportunidad para conseguir estos recursos, pero de momento la intención de la administración es que no hay este plan, que debería estar por lo menos planteado, si se quiere optar", añade. "Ellos se agarran al argumento de que la gente quiere ser atendida en sus casas, cosa que no cuestiono, pero por mucho que se fortalezca la atención domiciliaria, la necesidad de servicios residenciales no se reduce porque seguirá existiendo y, si no hay oferta, las consecuencias van a ser el encarecimiento de los precios y las listas de espera que se alarguen", por lo que pide planificación.

Lista de espera y precios

Por su parte el portavoz en Castellón de la Coordinadora de Familiars i Usuaris de Residències de la Comunitat (RecoVa), Manuel García, reconoce que la oferta actual no es suficiente y la lista de espera es muy grande. Además, desde que se desató la pandemia, cuando pudieron haber ingresos, entraron los de grado 2 y 3 --los más altos--. «Desde la Generalitat están trabajando con el Plan Convivint y también hay iniciativas privadas que están construyendo residencias, porque ven, sino nicho de mercado, que hay listas de espera largas», añade García, que apunta que «la administración lleva unos protocolos, una burocracia, y va más lenta que la iniciativa privada, que una vez tienen los estudios y la concesión de la Generalitat, va más rápida». Además, desde Recova indican que deberían aumentar las ratios de personal porque se necesita más tiempo para atender a los residentes del grado 2 y 3. «Los ratios actuales son de 2005, somos conscientes de que cuando se actualicen, la mensualidad en las residencias privadas va a cambiar; hay que encontrar un equilibrio entre que haya más personal y que las familias se puedan permitir pagar. En la actualidad la media son 2.000 euros en la privada y hay estudios que puede refleja que puede subir un 50% más, hasta 3.000 euros, señala.

Furgón de cola

Según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en España se necesitan 75.000 plazas para alcanzar la tasa del 5%. Dos comunidades ocupan el farolillo rojo: Andalucía y la Comunitat con un déficit de 30.236 y 22.860 respectivamente.  El informe --datos a 2020-- situaba en 2,7% la ratio en Castellón con 3.089 puestos. Desde entonces se han abierto residencias en Vinaròs (L’Onada, en mayo) y Castelló (Orpea, en julio) ampliando la oferta.