Desde este lunes y hasta el 31 de mayo los apicultores tendrán prohibido instalar sus colmenas a menos de cuatro kilómetros de los huertos de naranjas. El pleno del Consell dio ayer luz verde al decreto de la pinyolà y lo hizo en los mismos términos con los que el acuerdo se ha renovado en los últimos treinta años, tal y como reclamaban entidades como el Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la Asociación de Exportadores de Fruta de Castellón (Asociex) o la Plataforma per la Dignitat del Llaurador. Eso sí, la Conselleria de Agricultura volvió a dejar muy claro que acepta las propuestas del acuerdo firmado entre la Unió de Llaurados, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y las cooperativas y, a partir de febrero del 2023, se van a poner en marcha una paquete de medidas encaminadas a hacer compatible la actividad citrícola con la apícola.
El paso dado ayer por el Consell garantiza que este año no habrá pinyolà y deja para dentro de un año la puesta en marcha de las primeras iniciativas concretas para lograr la convivencia entre los dos sectores, algo que será completamente efectivo en 2026. Y entre esas medidas se encuentran, según las organizaciones agrarias y la Federación de Cooperativas, la creación del mapa agronómico de la Comunitat Valenciana; la aprobación de una línea de ayudas para la reconversión de variedades que puedan ser susceptibles de polinización o de provocarla; otra línea de subvenciones para apoyar la instalación de un sistema de enmallado en estas plantaciones durante la época de floración y ayudas para que en febrero de 2026 los asentamientos de colmenas que se establezcan en territorio valenciano estén todas geolocalizadas a través de GPS o chip.
Tanto la Unió como AVA y las cooperativas insistieron que el acuerdo al que llegaron a mitad del mes pasado, y que ha sido suscrito por Agricultura, es «el más razonable y de futuro para lograr una convivencia de los citricultores y apicultores valencianos» y añadieron que esperaban «un compromiso firme por parte de Conselleria de habilitar partidas presupuestarias suficientes para cumplir con estos retos».
Las tres entidades, además, lamentaron la «manipulación y el oportunismo» de aquellos que, «en lugar de buscar una solución sensata y responsable al problema de la pinyolà, quieren prolongarlo en el tiempo», y aún sin citarlo aludieron a la postura del CGC o de Asaja Alicante. También recordaron que este tipo de medidas ya se ha puesto en marcha en países productores como Estados Unidos «y han funcionado muy bien».
