El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la anulación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Se trata de una decisión con consecuencias para la provincia de Castellón. Entre ellas, que un Pativel en vigor supone que se mantiene activo el régimen transitorio previsto para los planes urbanísticos aprobados previamente. Este régimen daba un plazo de cinco años para iniciar las obras, por lo que antes del 12 de mayo del 2023 deberían comenzar a ejecutarse los planes de Doña Blanca Golf de Torreblanca y Sant Gregori Golf de Burriana.
En caso de no iniciarse las obras antes de esa fecha, el suelo donde están previstos pasaría a ser suelo no urbanizable rural protegido. También deberían finalizarse en el 2028. Así lo explica Rosa Pardo Marín, directora general de Política Territorial: «Transcurrido ese plazo prevalece el interés general de preservación del suelo y, por tanto, el Pativel frente al planeamiento municipal».
Reacciones
La decisión del Supremo, que estimó el recurso presentado por el Consell, divide a bote pronto a los municipios. Castelló, la capital, se alinea con la Conselleria y califica de «buena noticia» el aval al Pativel, pero Peñíscola, Moncofa y Alcalà-Alcossebre, con alcaldes del Partido Popular, anuncian que mantendrán recursos y alegaciones a la norma.
El tripartito de Castelló, a través de su portavoz José Luis López, aseguró que se trata de «una buena noticia que los tribunales avalen esta herramienta de protección del litoral impulsada por el gobierno de la Generalitat».
Fuentes jurídicas consultadas señalan que ahora la batalla se centrará más en alegaciones concretas en municipios, pero no en la globalidad del Pativel. El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, destaca que «el procedimiento continúa por lo que respecta a los ayuntamientos, y el nuestro va a seguir defendiendo más participación ciudadana en un plan del Botànic que castiga nuestro litoral». «Es injusto y vamos a seguir batallando», añade Andrés Martínez, quien remarca que «no queremos ni podemos permitirnos perder oportunidades de crecimiento ordenado y sostenible».
El alcalde de Moncofa, Wences Alós, apunta, en la misma línea, que el ayuntamiento mantendrá las alegaciones «porque esta sentencia resuelve a favor de la Generalitat, los defectos formales, pero se van a tener que resolver las alegaciones de fondo». «Esas creemos que no están tratadas correctamente», argumenta.
Asimismo, Francisco Juan, alcalde de Alcalà-Alcossebre señala que «nadie puede alegrarse de esta sentencia porque lo que siempre hemos buscado es un plan de protección del litoral consensuado y que no deje desprotegidos a los propietarios y a los municipios, como hace el Pativel». Juan espera en todo caso que la Generalitat «reflexione y se siente con municipios y afectados y consigamos un Pativel bueno para todos».
Benicàssim, por su parte, rechazó valorar la decisión del Supremo, y otros puntos implicados como Cabanes no dieron respuesta a este diario. Araceli de Moya, alcaldesa de Orpesa, apunta que es «un tema judicializado y aún queda mucha tela que cortar».
Informan: Alba Boix, Eva Bellido y M. A. Sánchez.
