Lleva el título oficial de decreto de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania, pero en su articulado domina una cuestión: la voluntad de desatascar la gran cantidad de proyectos de parques eólicos y solares en un momento considerado de emergencia energética. El documento está en vigor desde el 22 de abril, cuando fue aprobado en el pleno del Consell, pero no fue hasta el jueves cuando fue ratificado por Les Corts. La prisa que quiere dar la Administración autonómica obedece a que la legislación estatal establece que antes del 2023 todos los planes presentados --entre ellos unos 70 en Castellón-- deben contar con la declaración de impacto ambiental aprobada para seguir su curso. De lo contrario podrían quedarse sin efecto. Hay siete meses de plazo.
Así lo señala el presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), Marcos Lacruz. «El país tiene un plan y Europa tiene un plan para implantar las renovables, y el Gobierno no va a hacer prórrogas para que no se demoren», apunta.
Esto supone que la complicada maquinaria burocrática que ha regido estos proyectos hasta ahora debe dar la vuelta como un calcetín. «Es todavía pronto para ver los efectos del decreto del Consell, pero sí hemos detectado que la Generalitat ha tenido una toma de contacto con esta situación, por las peticiones de la industria, y por el contexto», afirma Lacruz.
Mil millones
En el caso de Castellón están en juego inversiones por valor de unos 1.000 millones de euros. Entre ellos, los siete parques eólicos en Els Ports que llevan más de una década de espera, y unas 60 instalaciones fotovoltaicas. Se trata de un negocio, pero también de la necesidad de reducir la dependencia de modelos energéticos contaminantes.
Para que las intenciones reflejadas en los documentos oficiales pasen a los hechos es necesario que la maquinaria administrativa se engrase. El presidente de Avaesan señala que las diferentes conselleries implicadas (Economía, Territorio y Medio Ambiente), «han incorporado a más gente, pero harían falta hasta 50 personas más; hay que tener en cuenta que no es un gasto, sino una inversión, porque cuantas más instalaciones renovables se hagan, más dinero se recaudará de impuestos, y estas contrataciones quedarán amortizadas», reflexiona Marcos Lacruz.
«Lo que está claro es que no puede repetirse que una planta fotovoltaica, que cuesta seis meses en hacerse, tarde cuatro años en tramitarse», concluye.
Sin tiempo que perder en el Consell
La normativa sobre las renovables nace en medio de un cambio de caras en el Consell. La conselleria que hace de puerta de entrada a estos proyectos, Economía, cuenta con cambios significativos. La anterior secretaria autonómica, Rebeca Torró, ya es la nueva consellera de Política Territorial, que ostenta competencias sobre estos planes. El puesto de Torró en Economía ha sido ocupado por la anterior directora general de Energía, Empar Martínez. La voluntad del Consell es que estos cambios no afecten al funcionamiento de la Generalitat y pronto se alcance la velocidad de crucero ante los diferentes retos pendientes.
