El 31 de mayo acabó el plazo para que las diferentes administraciones públicas ofertaran las plazas de trabajadores necesarias para reducir la temporalidad, como mínimo, al 8%. Los distintos procesos selectivos, que deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024, tienen el objetivo de estabilizar a alrededor de diez mil interinos en la provincia de Castellón. El Consell, la Diputación y los ayuntamientos han lanzado para ello en los últimos días ofertas extraordinarias de empleo.
En la actualidad, según los últimos datos de la Seguridad Social, correspondientes al mes de abril, la provincia de Castellón cuenta con 31.483 trabajadores públicos. La tasa de temporalidad actual, apuntan los sindicatos, supera el 40%. Estos registros obligan a emprender la «gran estabilización» para bajar hasta el 8%, una ratio que a día de hoy sí cumple la Administración General del Estado, pero no las restantes. La Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la llamada ley Iceta, se enmarca en la serie de compromisos del Gobierno con la Unión Europea, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También servirá para cumplir con las sentencias al respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.
EL CALENDARIO
La oferta
Las administraciones publicaron antes del 1 de junio las ofertas de empleo público pertinentes, con el objetivo de consolidar el personal interino y reducir su ratio por bajo del 8% que marca la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad.
Las bases
En breve comenzará la negociación para la siguiente fase del proceso. Antes del 31 de diciembre, agentes sociales y las administraciones deben concretar las bases y los requisitos. Las convocatorias se publicarán antes del 31 de diciembre del 2022.
La culminación
De esta manera, durante los siguientes años y antes del 31 de diciembre del 2024 se deberán realizar los diferentes concursos y culminar el proceso. Algunas administraciones reducirán la temporalidad incluso por debajo del mínimo exigido por la Ley.
Avances y carencias
Para ajustarse al tope del 8%, la provincia de Castellón tendrá que estabilizar a alrededor de diez mil interinos en dos años, antes del límite de diciembre del 2024. Las administraciones autonómica, provincial y locales ya han movido ficha con sus Ofertas Públicas de Empleo (OPE), provocando diferentes reacciones en las principales asociaciones sindicales, que valoran algunos avances pero señalan diferentes carencias del proceso.
Por lo general, se muestran satisfechos tras las negociaciones con la administración local, pero más interrogantes emergen respecto a las convocatorias de la Generalitat valenciana. UGT, por ejemplo, está estudiando la posibilidad de recurrir el decreto del Consell y realizar posibles movilizaciones de protesta. En Educación se discrepa en el número de plazas ofertadas (9.152 a nivel autonómico) porque el sindicato las considera «muy insuficientes» para lograr el objetivo del 8%. Además, apunta UGT, deja en una «situación complicada» al actual personal interino.
Por contra aplauden las plazas anunciadas por el Consell en Sanitat (9.887) y las negociaciones y acuerdos llevados a cabo en el sector público instrumental. Como ejemplo positivo señalan la OPE rubricada el último día de mayo en el Instituto Valenciano de Atención Social (IVVAS), que va a permitir estabilizar a más de 400 trabajadoras, la mayoría cuidadoras, después de 25 años sin oposiciones.
Desde CCOO subrayan la importancia de regular también la tasa de reposición (la relativa a jubilaciones, fallecimientos, excedencias...), para «poder estabilizar a lo largo de los años las plantillas que vendrán en un futuro». Por lo pronto, reivindican que en Educación se sumen en la planificación esas plazas de reposición porque de lo contrario «no se llegará al 8%»; optan por la abstención en Sanitat porque «no respeta el derecho del personal fijo a la promoción interna», entre otros motivos; y muestran su conformidad con la OPE de función pública.
Por último, CSIF admite que la oferta anunciada permitirá rebajar la temporalidad, pero presenta «numerosas carencias en el ámbito autonómico». Lamenta la falta de «estudios reales de las necesidades de la administración» y «de la precariedad existente». En resumen, la central sindical considera que «la Generalitat ha cerrado con prisas, y sin una verdadera negociación, una convocatoria a la que se obligada por el acuerdo suscrito a nivel nacional».
